Un malestar generalizado produjo en las altas Cortes del país, en particular en la Corte Constitucional, la declaración conjunta que leyó el presidente de ese tribunal, magistrado Antonio José Lizarazo, tras la reunión que sostuvieron el miércoles en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque.

Al término de ese encuentro, el presidente de la Corte Constitucional leyó un “comunicado conjunto” en el que se advierte en el punto 5: “Las Altas Cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”.

Este aparte de la declaración, que además lleva las firmas del presidente Iván Duque y la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue la causa de la molestia.

Al término del encentro, y ya en la sede del Palacio de Justicia, comenzaron a conocerse expresiones de malestar, al punto de que en la tarde los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, dejaron una constancia escrita en la que se apartan de la “Declaración Conjunta del Gobierno y los Presidentes de las Cortes”.

En esta constancia los dos juristas dicen: “No compartimos que el Señor Presidente de la Corte Constitucional haya suscrito la declaración conjunta con el Gobierno Nacional. La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional”.

Además, dice la constancia en el segundo punto que la Corte Constitucional “ha debido mantener y no alterar los términos de la declaración conjunta de los Presidentes de las Cortes emitida el 5 de mayo de 2021”.

También cuestionan que a Lizarazo, en nombre de la Corte Constitucional, “no le corresponde reconocer el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”.

Esto, por cuanto consideran que en el futuro esos temas podrían llegar a ser objeto de análisis judicial por el alto tribunal, y esta declaración podría traerles recusaciones.

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Pero también dice la constancia que así como “válida y legítimamente” se condenaron y rechazaron los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana, “también ha debido condenarse y rechazarse (en la Declaración Conjunta”) el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que también afectan el orden jurídico, los derechos humanos y, en general, el Estado de Derecho”.

Por otra parte, los dos magistrados hicieron alusión a que la Corte debió “mantener y no alterar los términos de la declaración conjunta de los Presidentes de las Cortes emitida el 5 de mayo de 2021”.

En esa ocasión, los presidentes de las altas Cortes señalaron que “la fuerza irracional no resuelve los conflictos sociales”, a tiempo que expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas civiles y de la Fuerza Pública que han dejado las manifestaciones “gravemente afectadas por los abusos, vandalismo y vulneración de los derechos humanos de estos días”.

Además, los magistrados pidieron a los funcionarios, investigadores judiciales y organismos de control a priorizar las investigaciones.

Según ha trascendido, los presidentes de las altas Cortes que asistieron al encuentro en la sede presidencial no emitirán más declaraciones sobre el tema, pero reconocen que la declaración dejó un mal sabor frente a su independencia del Gobierno nacional.