La discusión sobre el valor pagado por los operadores que remplazarán a Electricaribe está dando mucho de qué hablar, en particular porque los congresistas de la Comisión Quinta del Senado, durante un debate virtual de control político, le preguntaron directamente a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y la respuesta no los dejó nada satisfechos.

El senador José David Name, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), sostuvo que “si el valor que pagó el Consorcio Energía de la Costa fue de $285.000 millones, como ellos lo expresaron en un comunicado que después borraron, quiero saber, ¿qué vamos hacer con el faltante de los recursos? ¿Cómo vamos a recuperar el dinero que hemos invertido los colombianos en Electricaribe? Si ese era el valor de venta, el Gobierno regaló la empresa y el Consorcio obtuvo un negocio redondo”.

La ministra Suárez expresó que “hemos explicado en el cuestionario que esta no es una enajenación de un activo propiedad de la Nación. Es una empresa intervenida por la Superservicios y pasa por un proceso de definir cómo se liquida o cómo se maneja”, agregando que “la Nación no es parte en la transacción. La venta está sujeta al derecho privado. Esos procesos están sujetos a reserva”.

Ante ese argumento, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, señaló que la cifra de $285.000 millones “la asumo como cierta, salvo que usted Ministra me diga que es mentira. Esa información puede ser pública. Lo que no quiere que se sepa es que activos que valen $2,76 billones los van a comprar por el 10% de lo que valen”.

Pero además Robledo declaró que “no es cierto que sea un negocio entre privados, todas las decisiones fueron tomadas por el Estado”. Para el congresista, “fue una venta ‘sastre’. Empezó con que el Estado asumió las deudas de Electricaribe por $5,89 billones. Asumió el pasivo pensional, lo cual está bien. Las deudas del Fondo Empresarial por $2,2 billones las paga el Estado. Y asumió créditos por otros $2 billones y está apalancado este negocio con subsidios anteriores del Estado por $14 billones”.

Name sostuvo que “si el valor de venta fue de $285.000 millones, aquí hay un detrimento patrimonial muy grande. No nos dicen cuál fue el verdadero precio de venta, pero si EPM pagó una cifra parecida, el Gobierno regaló Electricaribe”.

La ministra Suárez expuso que Caribe-Sol –operada por el Consorcio Energía de la Costa–, que operará en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y atenderá 1,21 millones de clientes, “debe poner más de $3 billones en los próximos cinco años y cerca de $5 billones en 10 años”.

Y Caribe Mar –con la que se quedó EPM–, que estará en Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, y atenderá 1,51 millones de usuarios, “debe invertir $2,5 billones en cinco años y $3,7 billones en 10 años”.