Como era natural, todo este fin de semana los uribistas, que son casi la mitad de los colombianos, salieron a expresar -en las calles o desde sus casas-, su apoyo al expresidente Álvaro Uribe luego que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo cobijara con una medida de aseguramiento domiciliaria dentro del proceso que se le sigue por, supuestamente, haber determinado -y ser beneficiario- de la manipulación de testigos.
Claramente su indignación no se apaciguará, pero ha de canalizarse de alguna forma. La pregunta que se hace la opinión pública -ellos mismos incluidos- es cómo se encauzará ese furor en los próximos meses.
Parecerá una perogrullada, pero lo primero que hay que decir es que Uribe no ha fallecido ni todavía ha sido condenado, como parecieran tomarlo quienes hablan de un sucesor en su Partido, el Centro Democrático, y en la corriente de opinión que él orienta.
La consolidación de la organización política del uribismo requirió durante los siete años que han transcurrido desde su fundación, de la presencia en primera línea del propio Uribe, en parte para no repetir los errores cometidos con la conformación del Partido Social de Unidad Nacional (llamado de La U, precisamente para ser su colectividad) que se delegó en la persona equivocada, pero también porque es a él a quien sigue la gente.
Así, fue la cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático lo que sin duda impulsó la abrumadora votación conseguida por la colectividad en las elecciones para Congreso.
En este tiempo ha sido preocupación de Uribe formar nuevos liderazgos, tanto de dirigentes jóvenes como de veteranos que incursionaban por primera vez en la política.
Pues llegó la hora de probar la solidez de la formación, porque aunque Uribe seguirá siendo el orientador del Centro Democrático, la realidad es que el proceso judicial al que está siendo sometido va para largo -se calcula por lo menos un año antes de que se tome una decisión- y su ausencia en el Congreso será notoria.
Duque
El uribismo llevó a la Casa de Nariño al presidente Iván Duque, una muestra prominente de los nuevos liderazgos que ha forjado Uribe. Como Jefe de Estado es el primer llamado a asumir una jefatura natural de la colectividad, lo que de paso aseguraría fluidez en la comunicación con su bancada en el Congreso. Aunque han existido momentos de críticas de senadores y representantes del Partido respecto del trato que les da el Ejecutivo, esos roces no han pasado a mayores y, por lo menos desde la barrera, no se observa hostilidad en la bancada hacia Duque.
La resistencia a Duque estaría afuera, donde un sector que algunos señalan como minoritario -pero que realmente es difícil de medir- no comulgan con él y desde que era precandidato presidencial lo han tildado de “comunista infiltrado”. Este sector podría querer que el Mandatario radicalice sus posturas so pena de agudizar su oposición -que se ejerce- al interior de la organización política.
Se trata de una situación que podría no convenirle a Duque, que ha logrado mantenerse en el centro-centro, como lo ha analizado EL NUEVO SIGLO. Por otra parte, si tiene la fuerza suficiente para imponerse a sus detractores internos, emergería sólidamente.
Zuluaga
Otra figura con mucha influencia en el uribismo es el exministro Óscar Iván Zuluaga, quien sin embargo no ha querido asumir ninguna responsabilidad en el Partido ni tampoco en el Gobierno, hasta que la Fiscalía aclare la situación de su hijo investigado por el tema del hacker Sepúlveda.
Quienquiera que sea la persona que asuma el relevo, deberá tener la suficiente fuerza política para unir a las distintas vertientes del Partido y el adecuado tacto para que nadie pueda llegar siquiera a sospechar que quiere remplazar a Uribe.
Uno de los asuntos que habrá de asumir este líder uribista es el de saber ondear la bandera de la Asamblea Constituyente.
La reforma a la justicia es uno de esos temas en que las distintas fuerzas políticas coinciden en el qué, pero se distancian en el cómo. Por otra parte, es una vieja deuda del Congreso, que no ha sido capaz de alcanzar acuerdos entre las diferentes posturas para entregarle al país un sistema judicial que brinde garantías para todos.
Esta semana, a través de un comunicado, el Centro Democrático oficializó su insistencia en el tema: “Nuestra colectividad se propone plantear a los colombianos una Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones de la República”.
Constituyente
Los congresistas del Partido explicaron el planteamiento, señalando por ejemplo que “creemos necesario hacer una reforma profunda a la justicia, que brinde confianza y mayor credibilidad de las Cortes, esta es una propuesta que el Centro Democrático ha hecho desde mucho tiempo atrás”, como lo hizo el representante por Risaralda, Gabriel Vallejo.
El representante Juan David Vélez expuso tres puntos que abordaría la Constituyente “para recuperar la confianza en instituciones: 1. Reforma profunda a la justicia 2. Eliminación de la JEP 3. Fumigación de cultivos de coca”.
“Lo que plantea el Centro Democrático”, sostuvo la senadora María del Rosario Guerra, “es una reforma seria a la justicia, una que despolitice y que garantice al ciudadano de a pie las garantías y el acceso a la justicia”.
A su turno, el senador Carlos Meisel aseguró que “en el Congreso no hemos sido capaces de lograr las reformas que necesita este país. Vinculemos al constituyente primario. Hagámoslo con grandeza. La justicia no es lo único que necesita una reforma. Metamos también la reforma política y la estructura administrativa del Estado”.
La senadora Paloma Valencia declaró que “esperamos que el Gobierno se comprometa con sacar la Constituyente que está pidiendo a gritos el país”.
El tema es complicado para el presidente Duque, quien ha dicho que por supuesto comparte el planteamiento general, pero tiene reparos sobre el mecanismo desde el punto de vista práctico.
Quizás sea este tema el que logre posicionarlo (o no) como ese líder que su Partido necesita mientras dure la medida de aseguramiento a Uribe, al tiempo que es una bandera que puede unirlos en un propósito claro, pero también podría llevarlos a una división entre quienes se obstinen en el mecanismo para reformar la justicia y quienes acepten otras posibilidades.