En el día de hoy sería votado en cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional. Todo indica que hay ambiente para su aprobación, sin embargo están sobre el tapete los comentarios que hizo la Federación Colombiana de Municipios a la iniciativa, en el sentido que no se descargue el costo de los estímulos en estas entidades territoriales.

 

La iniciativa tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en el país, incrementar el número de viajes en este vehículo y avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor.

 

El proyecto de la representante Angélica Lozano y los senadores Claudia López y Andrés García Zuccardi ha tenido buen suceso en el Congreso, pues tras ser radicado en agosto pasado, está a punto de surtir sus cuatro debates en una sola legislatura, lo que no es usual cuando se trata de iniciativas de origen parlamentario.

 

Con el fin de incentivar el uso de la bicicleta el proyecto de ley prevé algunos beneficios como es entregar un pasaje gratis abonado a la tarjeta de los usuarios de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de Transporte Público, Sistemas Estratégicos de Transporte Público y Sistemas Integrados de Transporte Regional que hayan usado la bicicleta como modo alimentador del sistema y que hayan validado a través del sistema unificado de recaudo 30 validaciones del uso de biciparqueaderos o puntos de encuentro.

 

En este sentido el proyecto de ley establece que los municipios y distritos asumirán el costo de estos pasajes con cargo a sus respectivos presupuestos.

 

No obstante, la iniciativa también da la posibilidad que las actuales concesiones de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, de acuerdo a su capacidad financiera, implementen este beneficio.

 

En todo caso, esta disposición aplicará cuando se abran nuevas licitaciones o se hagan renegociaciones de los contratos de operación de los sistemas de transporte masivo, advierte la iniciativa.

 

Otro de los beneficios que contempla la iniciativa está dirigido a los funcionarios públicos, quienes recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta.

 

Los funcionarios públicos beneficiados podrán recibir hasta ocho medios días remunerados al año, indica.

 

Reparos de municipios

 

La Federación Colombiana de Municipios, que ejerce la representación gremial de la mayoría de estas entidades territoriales en el país, hizo llegar a la Cámara una carta con los comentarios sobre este proyecto de ley.

 

En la misiva si bien indica que los alcaldes acompañan la iniciativa y resaltan su importancia para solucionar los problemas de movilidad, contaminación y promover la salud de los colombianos, expresa también que “tan loable iniciativa no puede desconocer las diferentes realidades que afrontan los municipios colombianos ni asignarles nuevas responsabilidades sin las respectivas fuentes de recursos”.

 

En este sentido, la Federación de Municipios dice que la iniciativa le atribuye una nueva carga a las entidades territoriales en cuanto les asigna la responsabilidad de asumir el costo de pasajes de usuarios de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo que hayan usado la bicicleta como modo alimentador del sistema cada 30 veces.

 

Al respecto, la Federación Colombiana de Municipios pide a la plenaria de la Cámara suprimir del proyecto de ley esta disposición, teniendo en cuenta que existe una limitación fiscal, pues “desde la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000 se estableció los límites de gasto a los que deben ceñirse las entidades territoriales dependiendo de parámetros establecidos”.

 

Agrega esta Federación que “no solo un grupo de personas se beneficia del incremento de transporte en bicicletas sino que la ciudadanía en general, incluyendo las empresas privadas, se privilegia con la mejora en el medio ambiente, la salud de sus trabajadores, la mejora del tránsito. Por ello el incentivo no solo debe ser exigible para las entidades estatales, sino también para la empresa privada, dejando a su autonomía la implementación de dichos estímulos”.