No deja de llamar la atención que apenas ahora se estén multiplicando las medidas de alto impacto para proteger a los directores de las principales prisiones del país. Esto después de que días atrás fuera asesinado en la capital del país el director de la cárcel La Modelo, que fue blanco de los sicarios cuando se desplazaba por una vía pública sin escoltas ni vehículo blindado, pese a que manejaba uno de los penales más peligrosos a nivel nacional.
Las mismas autoridades admitieron que en el caso del coronel (r) Élmer Fernández se había elevado una petición a la Unidad Nacional de Protección para que le fuera asignado un esquema de seguridad, ya que estaba siendo amenazado directamente por parte de internos que se oponían a las requisas o eventuales traslados. De hecho, tras su asesinato se conocieron los panfletos en donde un preso que estaría ‘liderando’ un patio de la cárcel le advertía a la víctima de atentados contra su persona y su familia.
Como se sabe, las circunstancias de la demora en otorgar ese esquema de seguridad a Fernández están bajo investigación de los entes de control.
Por otro lado, tras este homicidio varios de los directores de cárceles de distinto nivel dieron a conocer que también son blanco de amenazas y urgieron medidas de protección. Es más, se alcanzó a presentar una renuncia.
La propia Procuraduría General alertó sobre esta grave circunstancia, citando no solo casos específicos, como el debilitamiento de las medidas de seguridad al director de la cárcel de Cúcuta, sino la crisis en general.
El Ministerio Público recordó la declaratoria de emergencia carcelaria que rige desde el 12 de febrero de este año, a raíz de los riesgos de seguridad y actos de violencia contra funcionarios del Inpec. Advirtió que a la fecha han sido asesinados cinco empleados penitenciarios y más de 100 son blanco de amenazas.
La semana pasada ya la Unidad Nacional de Protección indicó que se revisó el nivel de riesgo de las prisiones más grandes del país, sobre todo en donde están recluidos los presos más peligrosos. Bajo un trámite de urgencia se analizaron los casos de 18 altos funcionarios del sistema penitenciario y a todos se les reforzaron las medidas de protección.
Lo importante, en todo caso, es que estas medidas sean de carácter permanente, ya que el poder de las organizaciones criminales es creciente y no dudan en asesinar o intimidar a directores de penales y guardias con tal de mantener sus actividades delincuenciales desde detrás de las rejas.