El país se vuelve a estremecer con el caso de Odebrecht. En esta ocasión el imputado es el funcionario de más alto nivel, después del ministro, en el área de obras públicas. Se trata del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade.
En efecto, la Fiscalía emitió, el viernes en la tarde, un comunicado en el cual anuncia la imputación del delito de interés indebido en celebración de contratos para una audiencia que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre.
Así las cosas, una comisión de fiscales encontró mérito para la imputación en desarrollo de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y, en particular, con relación en la firma del otro sí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, entre la ANI y el concesionario Ruta del Sol 2, suscrito el 14 de marzo de 2014.
Como se sabe, la exministra de Transporte, Ceclilia Alvarez Correa, también enfrenta diligencias judiciales ante las autoridades competentes por el mismo caso. En el mismo sentido, la exministra de Educación, Gina Parody también fue llamada a descargos a objeto de demostrar que no tenía un interés particular en la materia.
Sin embargo, el único imputado desde el punto de vista penal entre los altos funcionarios hasta el momento es Luis Fernando Andrade, quien ocupa el cargo de presidente de la ANI desde que la agencia fue creada en la administración Santos.
Del mismo modo, la comisión de fiscales competente ordenó la compulsa de copias a la Procuraduría General del material probatorio que puso en conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para lo de su competencia.
Para un panorama más completo se puede consultar, entre las muchas publicaciones de EL NUEVO SIGLO al respecto, la hecha en enero y titulada Odebrecht: la nueva caja de Pandora.
Esta semana, a su vez, el caso Odebrecht se movió con la divulgación de la Fiscalía en el sentido de que los sobornos no fueron únicamente los admitidos por esa firma al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino mucho mayores.
Efectivamente, las directivas implicadas de Odebrecht habían aceptado, en busca de un Principio de Oportunidad, un monto de US$11 millones en Colombia. No obstante, la Comisión de Fiscales adscrita al caso logró material probatorio en el sentido de que los sobornos habrían sido mucho más, llegando incluso a la cifra de $84 mil millones, es decir, alrededor de cerca de US$27 millones.
Así mismo, el jueves el abogado especial de la firma Odebrecht, adscrito al Departamento de Operaciones Estructuradas, Rodrigo Tacla, de donde provinieron los sobornos para los diferentes países de América Latina, sostuvo en una entrevista especial para El País, de España, que pensaba que los montos para Colombia son mayores que lo pensado.
Y dijo, por su parte, que por lo general la estrategia consistía en financiar las campañas presidenciales y a partir de ahí, con el candidato triunfador, generar la maraña de las corruptelas para que Odebrecht accediera a las obras más importantes en cada país.
Como se sabe, Odebrecht tiene dos flancos de investigación en cuanto a la Ruta del Sol II, por la cual está siendo investigado Luis Fernando Andrade. Uno el contrato en sí mismo, donde la multinacional brasileña es uno de los socios principales y el otro, la derivación de la ruta Ocaña – Gamarra, que se adicionó por $900 mil millones en otro sí y sin que mediara licitación pública alguna.
Es en este caso, por igual, en el que la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para la investigación pertinente de varios senadores o representantes a la Cámara: Musa Besaile, Antonio Guerra, Ciro Rodríguez y el exsenador Plinio Olano. De la misma forma está investigado el excongresista Otto Bula, quien al parecer sirvió de correa de transmisión para diferentes sobornos.
El mismo Bula ha comprometido la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, diciendo que llevó dos maletines con dinero en efectivo a un hotel del norte de Bogotá, en donde habría recogido posteriormente de esa campaña, Roberto Prieto.
De otro lado, la Fiscalía también investiga si la otra campaña presidencial, la de Óscar Iván Zuluaga, recibió dineros de Odebrecht, más allá de los pagos hechos al asesor brasilero que sirvió de estratega en comunicaciones.
Por lo pronto, la Fiscalía solo imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos a Andrade, pero en fuentes cercanas a la investigación se hablaba también de un eventual fraude procesal y falsa declaración.
No obstante, Andrade, quien se encuentra fuera del país, regresará para preparar su presentación ante la Fiscalía, el 21 de septiembre. No se sabe si dentro del anunciado remezón ministerial, de agencias e institutos, el director de la ANI seguirá en el cargo.
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