La comercialización se dio en los Montes de María; se trataba de tierras que debían ser entregadas a las víctimas del conflicto en el departamento de Bolívar.

La acusación fue hecha por un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, quien consideró que los seis exfuncionarios cometieron irregularidades al entregar títulos notariales de las tierras, siendo que éstas estaban protegidas para ser vendidas o compradas.

También fue señalada como responsable de los hechos la exregistradora de Instrumentos Públicos del municipio del Carmen de Bolívar. Ella tendrá que responder por los delitos de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público en concurso con fraude procesal y peculado por apropiación, por acción y omisión.