Los promotores del referendo del agua no insistieron más, mientras que los de cadena perpetua para violadores de niños acudirán a la tutela.

A juzgar por lo que ha pasado en los dos últimos años en el Congreso, no les va bien a las iniciativas ciudadanas presentadas por la vía de referendo o simplemente a través de firmas que respaldan proyectos de ley. Todas han naufragado.
El caso más reciente lo vivió el proyecto de reforma constitucional para penalizar el aborto sin excepción alguna, el cual fue radicado por el presidente del Directorio Nacional Conservador, José Darío Salazar, pero fue hundido en primer debate el pasado de octubre en la Comisión Primera de Senado, con una votación de nueve a favor y siete en contra.
La iniciativa buscaba, en aras de proteger el derecho a la vida, dejar sin piso jurídico las tres excepciones que estableció la Corte Constitucional en la penalización del aborto.
Esta propuesta causó gran polémica porque muchas organizaciones defendieron el derecho que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo, incluso en los tres casos de aborto no penalizados.
Sin embargo, también contó con un gran respaldo, si se tiene en cuenta que logró más de 5 millones de firmas de apoyo; además estuvieron de su lado varias confesiones, entre ellas la Católica.
Precisamente, no dejar en el aire esas cinco millones de firmas así como la defensa del derecho a la vida son algunas de las razones por la cuales el senador Salazar anunció que “se evaluará en el Partido que por vía de ley de referendo se exprese el pueblo sobre el derecho a la vida”.
Unas semanas antes, la Comisión Primera de la Cámara hundió el proyecto de referendo para consultar al pueblo sobre si está de acuerdo o no con castigar hasta con cadena perpetua a los abusadores y asesinos de menores de edad hasta los 14 años.
Inicialmente fue presentado al Congreso con el respaldo de dos millones de firmas en el año 2009 y fue aprobado por el Congreso; no obstante esta ley fue tumbada por la Corte Constitucional al encontrarla inexequible por varios vicios de trámite.
En consecuencia, la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, cabeza visible del comité que impulsa este referendo, volvió a insistir este año en el Congreso, aportando la certificación de la Registraduría sobre que se respetaron los topes de financiación en la recolección de firmas para este tipo de iniciativas ciudadanas.
Tras su hundimiento, la legisladora Jiménez optó por analizar la posibilidad de que este referendo fuera convocado sin necesidad de pasar por el Congreso, para lo cual se comprometía a conseguir por lo menos un millón de firmas más de respaldo, que corresponde a 10 por ciento del Censo Electoral. Para tal fin pidió al registrador Carlos Ariel Sánchez que le certifica el número de firmas para que este referendo fuera convocado directamente por el pueblo.
En el entretanto, el Consejo Nacional Electoral conceptuó que la única forma de hacer posible el referendo de cadena perpetua o cualquier otro referendo es que pase por el Congreso. Este concepto fue acogido por el Registrador.
La senadora Jiménez no se da por vencida y en consecuencia dijo que ahora acudirá a la tutela para sacar adelante esta iniciativa de prisión perpetua. “Es una tutela que ojalá llegue ante la Corte Constitucional para que se establezca si realmente estamos en un Estado Social de Derecho y Participativo”, afirmó.
La congresista dijo que su lucha no solo es por proteger a los niños, sino un acto de responsabilidad con los más de dos millones de firmas que apoyaron esta iniciativa.
El mismo descalabro sufrieron otros dos referendos que se hundieron el año anterior en menos de 90 días.
Uno de ellos fue el del agua, que no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado en plenaria de la Cámara. El texto original de la iniciativa que fue respaldado por más de un millón de firmas propendía por garantizar el derecho humano al agua y la desprivatización del servicio de acueducto.
Mientras que el 26 de febrero de 2010, por vicios en su trámite, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley del referendo reeleccionista, que buscaba consultar a los ciudadanos sobre un segundo período presidencial consecutivo, que en la práctica beneficiaría al entonces presidente Álvaro Uribe.