Ante la contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en contra de Jaime Ernesto Gil Corredor, representante legal de una constructora, por los graves daños ambientales ocasionados con el levantamiento de un lujoso inmueble en un área protegida de los cerros orientales de Bogotá.

En el curso de la investigación se acreditó que, entre 2014 y 2016, se edificó un inmueble de tres niveles, avaluado en más de 6.000 millones de pesos, en un predio denominado El Bambú, en el sector conocido como Bagazal.

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Durante el desarrollo del proyecto urbanístico se promovió una agresiva deforestación, de por lo menos 2.000 árboles nativos; hubo remoción de tierra y del bosque natural, y desviación del cauce de la quebrada Los Rosales, con el fin de hacer un lago para la propiedad.

Estas y otras afectaciones al ecosistema de la zona fueron certificadas en su momento por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Secretaría de Ambiente de Bogotá. 

Por todo lo anterior, Gil Corredor fue sentenciado a 88 meses de prisión y multa equivalente a 200 salarios mínimos legales vigentes, como responsable de los delitos de daño en los recursos naturales agravado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.