Los diálogos del Gobierno con diferentes sectores se mantienen, hay temas avanzados como el de régimen departamental, pero el proyecto sigue en estudio

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Han seguido trabajando desde el año anterior las mesas que convocó el Gobierno con distintos sectores para la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), por el cual el Ejecutivo central distribuye a las regiones más de $40 billones para financiar servicios de salud, educación y agua potable.

No obstante, los avances en los análisis no darían para presentar este año el respectivo proyecto de acto legislativo. Sin embargo sí sería radicado en marzo la reforma al régimen departamental, que hace parte de esta discusión.

El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, indicó a EL NUEVO SIGLO que esta es una reforma constitucional que se viene trabajando desde el año pasado con unas mesas temáticas con el liderazgo del Ministerio de Hacienda.

“Estamos allí la Federación de Departamentos, la Federación de Municipios y representantes del sector educativo, de la salud, y se ha venido trabajando para ver si logramos llegar a un consenso sobre lo que se presentaría al Congreso”, explicó.

Toro dijo que por parte de la Fedemunicipios, que representa a los alcaldes del país, “lo primero que quisiéramos es que se pudieran incrementar los recursos para financiar los diferentes sectores de inversión social con los recursos del SGP, pero se nos ha dicho que no hay más recursos, que lo que se podría hacer es generar una revisión de los recursos asignados, mejorar competencias. Pero estamos en la discusión, todavía no se  ha llegado a una conclusión”. 

Por su lado, el director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, indicó a este Diario “que en el marco de la Misión de Descentralización estamos pendientes que integren las diferentes comisiones de expertos, pero eso está pendiente de que nazca a la vida jurídica el decreto integrando las diferentes comisiones: comisión de altos estudios tributarios territoriales, la comisión de estudios para el SGP, el régimen departamental”. Añadió que “el Sistema General de Participación apenas se está revisando”.

Explicó el directivo sobre la comisión de estudios del régimen departamental que “ya están pronto a presentar proyecto de reforma, eso sí está avanzado en ese aspecto”.

Camargo dijo también sobre las principales expectativas de los departamentos en la reforma al SGP que se están identificando cuáles son las propuestas, pero las más importantes son el tema de competencias y de recursos para poder cumplir con sus funciones.

“Desde la Constitución del 91 se ha observado un decrecimiento de los recursos para los entes territoriales, pero lo que sí hemos observado es un aumento de sus competencias. Ese es un tema que es de vital importancia revisarlo”, enfatizó Camargo.  

Precisamente ayer hubo una reunión de la Federación Nacional de Departamentos con el senador Temístocles Ortega con el propósito de revisar la posibilidad de incluir un acápite en el proyecto de régimen departamental que tenga que ver con el tema tributario territorial.

En cuanto a la Misión de Descentralización, fruto de Ley de Regiones (1962 del 28 de junio de 2019), la  cual le dio al Gobierno un plazo de seis meses para constituirla con la participación de los departamentos.

Esta Misión contará con un plazo máximo de 18 meses para presentar al Congreso de la República iniciativas constitucionales y legislativas para ordenar y definir la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

En ese sentido, se espera que la actual discusión de la reforma al SGP se dé en el marco de la Misión de Descentralización, que como se dijo estará vigente hasta mediados de 2021.

En remojo

Por otra parte, desde marzo de 2016 el anterior gobierno insistió en la necesidad de reformar el SGP y anunció  que adelantaría esa tarea. Ese paso lo dio la administración Santos con la presentación de un proyecto al Parlamento pocos días antes de que finalizara su periodo en agosto de 2018, cumpliendo de esta forma con el acuerdo que suscribió con los educadores agremiados en Fecode.

La iniciativa, que fue radicada por el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buscaba optimizar el uso de estos recursos y mayores ingresos para la educación y las comunidades indígenas. El proyecto proponía aumentar los recursos totales 12,3% al pasar de una apropiación de $36,7 billones en 2018 a $41,3 billones en 2019.

“Desde hace tres años el Gobierno nacional ha trabajado en una reforma al SGP basada en los principios de eficiencia, transparencia, y alineación de la distribución de recursos con las políticas y necesidades sectoriales”, señaló en esa ocasión el ministro Cárdenas Santamaría.

No obstante, en octubre de 2018 en medio de las afirmaciones de preocupación del nuevo gobierno de Iván Duque, porque aseguró que había recibido la administración con un déficit de $14 billones, decidió retirar el proyecto de reforma al SGP que había radicado Cárdenas.

De esta forma, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 presentado al Congreso por el presidente Duque, se indica que esta reforma es necesaria para “que permita una mayor asignación de recursos así como una mejora sistemática en los criterios de asignación y fórmula de distribución de las transferencias, a fin de lograr una mayor eficiencia presupuestal que repercuta en un mejoramiento generalizado de la calidad educativa de los establecimientos educativos oficiales”.

Pero el problema es que el Congreso no aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo las facultades extraordinarias que solicitaba el presidente Duque para reformar el SGP.

El mecanismo

El SGP es un mecanismo establecido en el Artículo 356 de la Constitución para garantizar a departamentos y municipios los recursos para atender los servicios a cargo producto de la descentralización administrativa que ha vivido el país.

Con los dineros que reciben departamentos, distritos y municipios financian los servicios a su cargo, dándoles prioridad a salud, educación (preescolar, primaria, secundaria y media) y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.