A través de una carta dirigida al presidente Iván Duque, el procurador Fernando Carrillo pidió sancionar la ley estatutaria de la JEP, argumentando que constitucionalmente las objeciones son inadmisibles.
“Contemplar la opción de objetar una ley estatutaria luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional puede generar un riesgo para la seguridad jurídica, que precisamente quiso evitar el Constituyente al prever un esquema especial de control que lograra mayor estabilidad para esa clase de normas. De manera que la sentencia que declara la exequibilidad de un proyecto de ley estatutaria produce efectos jurídicos con fuerza de cosa juzgada y así culmina la discusión frente a actos de esta naturaleza”, dice la misiva de 6 páginas.
El Procurador asegura que esta ley estatutaria se aprobó por medio del procedimiento de fast track que se creó para tramitar las leyes del acuerdo de paz. Así, tras su aprobación en el Congreso, esta norma pasó al control posterior de la Corte Constitucional, "órgano judicial de cierre que profirió sentencia sobre la constitucionalidad del articulado".
Según el Procurador, es claro que desde que se originó la ley estatutaria y se tramitó en el Congreso "el Gobierno tenía plena potestad para definir los criterios normativos e incorporar modificaciones, precisamente para garantizar la celeridad en el trámite y sustituir el expediente ordinario de las objeciones por inconveniencia".
Esta es la misiva: