La jueza 29 de Control de Garantía definió la privación preventiva temporal de la libertad a los patrulleros en establecimiento carcelario.
Tomó en cuenta los argumentos de la Fiscalía en los que se demuestra que los imputados podrían ser un peligro para la sociedad en caso de ser dejados en libertad. La jueza aclaró que pese a que la libertad es un derecho que se debe garantizar, en este caso esta medida procede porque la jurisprudencia que explica y justifica los motivos.
La jueza hizo hincapié en lo expresado por el Fiscal de que se le causó gran dolor a la víctima y se lo llevó a la muerte. “La fuerza es necesaria cuando es requerida, pero no debe ser desproporcionada”, afirmó la jueza y "ese no es el debido proceso".
Y agregó “la Constitución Política, que aquí tanto se nombra, fue violada con Ordóñez”.
De acuerdo con la jueza, los imputados son un riesgo para la sociedad.
Sin embargo, la jueza tomó en cuenta la petición de que los imputados sean enviados a la cárcel de Facatativá, para garantizar su seguridad. La Fiscalía interpuso recurso de reposición para la decisión del sitio de reclusión. as demás partes no interpusieron ningún otro recurso.
Por su parte, el doctor Olmos interpuso un recurso de apelación a la decisión de enviar a la cárcel a los imputados.
En este momento, proceden a argumentar los recursos de reposición y apelación
La argumentos de la Fiscalía y la defensa
La Fiscalía presentó las pruebas para demostrar que los funcionarios de la policía agredieron y reportaron tardíamente sus heridas de Ordóñez. De acuerdo con la versión de los policías, parte de los golpes se ocasionaron por golpes contra las paredes que se proporcionó el propio civil Ordóñez.
Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la autopsia, hay detalles como las laceraciones, los golpes con objetos contundentes, las descargas eléctricas y la esquirlas de balas, demuestran exceso de violencia por parte de los policías.
La autopsia pericial concluye que si bien los golpes y las descargas eléctricas no son causas de muerte, sí ocasionaron mucho dolor en la víctima. Y afirma que la causa de muerte es un trauma abdominal cerrado producto de los golpes y que es compatible con el homicidio.
De acuerdo con la Fiscalía, esto demuestra que los cargos de homicidio agravado y tortura agravada son acertados tomando en cuenta lo que muestra el material probatorio brindado por ellos.
La defensa de la familia se mostró de acuerdo con la petición de la Fiscalía y pidió a su vez que esta medida de aseguramiento fuera tomada en este caso.
Por su parte, la defensa de los patrulleros pidió que se tomara una medida no restrictiva de la libertad. El apoderado de Harby Rodríguez pide que se le dé casa por cárcel puesto que es padre de familia. El abogado de Juan Camilo Lloreda no se opuso a la petición de la Fiscalía.
El juicio a los imputados continuará, pues se declararon inocentes en la audiencia de imputación de cargos.
Recurso de reposición
La Fiscalía mostró su preocupación por la decisión de enviarlos a la cárcel de Facatativá. De acuerdo con el Fiscal esto puede disminuir el control social sobre las condiciones de los imputados "a fin de garantizar la no obstrucción de la justicia".
El fiscal argumenta que en el pabellón de servidores públicos de la Picota se puede garantizar mejor el control sobre los imputados.
Recurso de apelación
Por su parte, el abogado de Rodríguez, pide que se cambie la decisión tomada por la jueza. Su argumentación se basa en que la detención domiciliaria no obstruye el debido ejercicio de la justicia.
La jueza durante la audiencia manifestó que además no se demuestra la necesidad de que este permanezca en su domicilio y es más beneficioso recluirlo en un centro carcelario.
Mónica Sánchez, delegada de la Procuraduría, como no recurrente manifestó que en principio, por jurisprudencia, a los uniformados se los envía a cárceles militares como sitio de reclusión. Así mismo, con respecto al recurso de apelación, el Ministerio Público encuentra que hay unas fallas argumentativas graves que no permiten avalar su discurso defensivo y por ello le pide a la jueza que lo despache negativamente.
De acuerdo con el abogado defensor de las víctimas, no se puede enviar a prisión domiciliaria a los imputados pues es riesgoso para el proceso.
Decisión
La jueza decidió mantener su decisión en cuanto a lo que refiere al recurso de reposición, citando la jurisprudencia. Sin embargo, decidió que para el caso del recurso de apelación sea la segunda instancia la que defina la casa por cárcel que pide el abogado defensor de Rodríguez.