Expide decreto para prevenir eventuales brotes de violencia. En caso de desórdenes se facultará a los alcaldes a decretar el toque de queda. También habrá ley seca y cierre de fronteras ese día 

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Una serie de medidas anunció el Gobierno nacional para garantizar mantener el orden público durante el paro nacional convocado por diferentes sectores este jueves en todo el país. Se contemplan la ley seca, suspensión del permiso para el porte de armas y el cierre de fronteras.

Incluso si hay desórdenes el presidente Iván Duque autorizará a gobernadores y alcaldes a decretar el toque de queda. En las próximas horas será expedido un decreto sobre el particular.

El Ejecutivo, en cabeza del Presidente de la República, se ha manifestado respetuoso de las marchas de protesta que se han previsto para ese día, no obstante hay preocupación que algunos grupos anarquistas quieran aprovechar la jornada para hacer uso de la violencia contra la policía así como bienes públicos y privados.

El presidente Duque manifestó que la “protesta social pacífica es un derecho de los colombianos, y es un deber del Estado, de los gobernantes locales, garantizar el ejercicio de la protesta pacífica; pero también es un deber de todos rechazar, censurar, acusar, develar y sancionar ejemplarmente a quienes pretenden apelar a la violencia, al vandalismo y al pillaje para atentar contra los derechos de los colombianos”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó ayer que la Constitución faculta al Presidente de la República para dar instrucciones a gobernadores y alcaldes para mantener el orden público.

En cuanto al toque de queda que se aplicaría Gutiérrez dijo que la decisión debe salir “de un análisis que haga el Gobernador con sus comandantes militares y de policía en el área correspondiente. Hay algunos sectores donde se presume más riegos que en otros, y por eso el toque de queda no se dicta a nivel general sino donde corresponde evaluarlo según las circunstancias”.

Añadió la funcionaria que “en cuanto al porte de armas efectivamente se está hablando de la posibilidad de suspensión del porte de armas de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2362 de 2018, que si bien genera una excepcionalidad para el uso de armas con unos requisitos y unos permisos establecidos previamente por el Ministerio de Defensa, cuando haya circunstancias de orden público los alcaldes y gobernadores pueden suspender esa excepcionalidad de uso”.

No obstante, Gutiérrez advirtió que se “está pidiendo una evaluación de las circunstancias en cada departamento para poder originar estas medidas”.

Otra de las medidas que contempla dicho decreto es el cierre de fronteras el jueves, aunque advirtió la Ministra del Interior que “está en análisis por si en al algún otro territorio se requiere más tiempo para el cierre de frontera.

Agregó que esta medida se hace necesaria “en razón a la información que han tenido los organismos de Inteligencia frente a la actividad de algunos extranjeros”.

En las últimas hora Migración Colombia informó que han sido expulsados del país 15 extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, “quienes se encontraban realizando actividades que afectarían el orden público y la seguridad ciudadana”, según este organismo.

Frente a la expedición de este decreto el senador de oposición del Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, dijo que "el gobierno del presidente Duque se mueve en una línea cuestionable de criminalización de la protesta social y en particular del paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre. Las medidas que se han venido anunciando corresponden a los tristemente célebres de los tiempos del 'estado de sitio' y del estatuto de seguridad que se caracterizó por una represión y una restricción de las libertades públicas”.

Por su parte el senador del Polo, Jorge Robledo, agregó que “no creo que este decreto para sabotear el paro registre antecedentes en la historia de Colombia. No recuerdo que algo así se haya decidido por parte del gobierno. Si así lo fuere, si tuviera antecedentes no le quita su carácter retardatario y regresivo. Y desnuda las intenciones del gobierno porque mientras hablan de dar garantías a la protesta democrática, que es lo que se va a realizar, al mismo tiempo se empecinan en crear un ambiente de zozobra que tiene el propósito de meterle miedo a la gente para que no salga a reclamar"

Demás autoridades

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el Gobierno garantiza la protesta pero que no permitirá actos violentos: “Continúa el proceso de coordinación con el fin de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica y, naturalmente, avanza también el proceso para hacer frente a manifestaciones violentas”.

En tanto que el fiscal (e) Fabio Espitia indicó que “la Fiscalía dispuso de un grupo de fiscales asistentes investigadores, para atender situaciones irregulares que se presenten durante las jornadas de paro”.

Explicó que en cada seccional en el país habrá 107 fiscales, 48 especializados y 58 de URI (Unidades de Reacciones Inmediata) que adelantarán las judicializaciones ante conductas delictivas en que puedan incurrir las personas que participen en las marchas.

Otras medidas

La Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá anunció “la suspensión de la totalidad del calendario académico de pregrado y posgrado” por actos de violencia y amenazas a funcionarios, incluido el rector Leonardo Fabio Martínez.

Por su parte la Universidad de Los Andes, también en Bogotá, informó desde la semana pasada que "con motivo de las marchas anunciadas y conocidas por la opinión pública, hemos tomado la decisión de cancelar todas las actividades académicas y administrativas" el 21 de noviembre.

También la Universidad Piloto en la capital del país tomó esta decisión; en tanto que ayer la administración de Bucaramanga determinó suspender este jueves las clases en los colegios públicos.

Acuartelamiento

Desde las 6:00 a.m. de ayer se dio inicio al acuartelamiento de primer grado de todos los miembros de la Fuerza Pública de cara al paro nacional del próximo jueves con el fin de “prever planes de intervención” en coordinación con las autoridades de orden nacional y local, “extremar medidas de seguridad” en las instalaciones militares, así como en la infraestructura económica “crítica” para el Estado, señala un documento firmado por el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro.