Con su manifestación voluntaria de sometimiento y firma este jueves de la correspondiente acta, el general (r) Mario Montoya quedó cobijado por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que asumirá su caso pues venía siendo investigado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad cuando se desempeñó como comandante del Ejército Nacional, entre 2006 y 2008, en al menos un centenar de casos de ejecuciones extrajudiciales o también ‘falsos positivos’, donde fueron víctimas civiles inocentes que luego se reportaron como bajas en combate.

Montoya ha señalado que no es responsable de estas conductas por las cuales la Fiscalía lo investiga desde hace varios años; en tanto que su abogado Andrés Garzón ha explicado que la presencia del general (r) en la JEP no es para reconocer sino para explicar cómo ayudará a esclarecer los hechos por los que es inquirido.

“Porque no hay nada que reconocer. Al contrario, va a ir a defender su inocencia y demostrar cómo sus actuaciones como comandante del Ejército Nacional fueron totalmente ajustadas a la Constitución y a la ley (…) Demostraremos la inocencia del general, pero el pedir perdón es para otros escenarios y otros casos”, apuntó en julio pasado el abogado Garzón, cuando Montoya manifestó su intención de acudir ante la JEP.

Si Montoya no acepta su responsabilidad en los ‘falsos positivos’, como parece así será, su expediente pasará a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la cual tendrá en cuenta la evidencia que le entregó la Fiscalía, la que presenten las organizaciones de víctimas y las que obtenga por cuenta propia.

Al final, esta Unidad de Investigación determinará si archiva este caso por falta de evidencia, decisión que produciría el mismo efecto en el expediente que tiene la Fiscalía, o lo acusa.

En esta última situación Montoya podría aún reconocer su responsabilidad y recibir una pena de prisión de máximo ocho años o insistir en su inocencia y poder terminar absuelto o condenado a máximo 20 años de cárcel.

El otro escenario que tiene el excomandante del Ejército es reconocer de entrada su responsabilidad y contar toda la verdad. A cambio recibiría una pena alternativa de entre cinco a ocho años que no implicaría cárcel sino actividades reparadoras para las víctimas.

La audiencia en la que el general (r) Montoya se sometió a la JEP comenzó a las 2 de la tarde en las instalaciones de la Jurisdicción, en donde acudieron 16 abogados de las víctimas de ‘falsos positivos’, varias de la cuales en las afueras con antifaces exigieron que el oficial (r) diga toda la verdad para saber qué sucedió con sus seres queridos que hicieron aparecer como guerrilleros muertos en combate.

Entre el 29 de agosto pasado y el 7 de septiembre, la Unidad de Búsqueda de la JEP reunió información que sirvió para la diligencia de sometimiento de Montoya, en la cual no solo este es mencionado sino también los generales del Ejército Luis Roberto Pico Hernández, Óscar González Peña y Jorge Arturo Salgado Restrepo, por su presunta responsabilidad en los ‘falsos positivos’.

De igual forma para llamar a comparecer al general (r) Mario Montoya, la JEP también tuvo en cuenta hechos como la Operación Orión, registrada el 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, en la cual se denunciaron desapariciones y excesos de la Fuerza Pública. Incluso desmovilizados señalaron que grupos paramilitares se pusieron de acuerdo con los uniformados para sacar a la guerrilla que se había enquistado en esa zona.

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Cómo llegó

En julio pasado el general (r) Montoya firmó el formato de sometimiento ante la JEP y quedó a la espera de que le fuera aceptada.

En esa oportunidad la JEP señaló en un comunicado que Montoya “firmó el formato de sometimiento a la JEP. El formato firmado por el general Montoya Uribe pasará a estudio de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para que asuma lo de su competencia”.

El pasado 10 de julio se produjo un hecho trascendental en lo que tiene que ver con los militares en la JEP, pues el mayor general del Ejército, Henry William Torres Escalante, se convirtió en el primero en firmar el acta de sometimiento que ya había suscrito en su momento ante la Secretaría Ejecutiva al postularse.