Congresista propone cierre de cuentas y multas hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes

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“Meteremos en cintura a quienes sean irresponsables”, manifestó el representante por Cesar, Eliécer Salazar, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien presentó en el Congreso un proyecto para regular los pronunciamientos en redes sociales.

“Los que son responsables no tienen problema que se le cierre la cuenta o una multa de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales” vigentes, precisó el congresista.

La iniciativa busca regular las redes sociales, prohibiendo su uso a menores de 14 años, “sobreexponer” la intimidad del usuario y usar lenguaje violento que incite al odio.

El proyecto fue radicado esta semana y se espera que próximamente sea debatido por la Comisión Séptima de la Cámara.

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el proyecto?

ELIECER SALAZAR: Buscamos salud de las redes sociales y darles un marco legal a las redes sociales que hoy en día no existe, pero ya se ha hecho en Estados Unidos, Europa y otros países de Asia.

Aquí estamos en una selva de calumnias, mentiras, memes que están dañando el ambiente colectivo y el ambiente político.

Metemos en cintura a quienes sean irresponsables. Los que son responsables no tienen problema que se le cierre la cuenta o una multa de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales (vigentes). Además, queremos incorporar una cátedra en todas las instituciones educativas del país, para estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria y sexto de bachillerato, incluyendo en sus planes de estudios el buen uso de las redes sociales, preparando a los estudiantes para participar en el nuevo mundo en red, generando un efecto de refuerzo positivo de población crítica, aumentando conciencia y cuestionamiento crítico de lo que implica estar conectado en este espacio social.

ENS: ¿Cómo integrar a las plataformas como Youtube y Twitter?

ES: Por intermedio del Ministerio de la Tecnologías y la Información y la Superintendencia de Industria y Comercio se deberán suscribir acuerdos o códigos de conducta con Facebook, Twitter, Youtube, Google y demás redes sociales o plataformas digitales que surjan, en virtud de las cuales estas compañías asuman la responsabilidad de implementar una serie de mecanismos y procedimientos que permitan suspender publicaciones, contenidos o expresiones ilegales –ofensivas, abusivas o indeseables, sexuales, de terrorismo, de odio por condiciones de género, político, religioso o de raza, de violencia física o moral– de forma rápida y eficaz para proteger a los usuarios víctimas de los mismos.

ENS: Las plataformas son compañías transnacionales, ¿estamos seguros que se acogerán a esta ley?

ES: Claro, cada compañía que existe en Colombia debe regirse bajo el marco legal. Esas plataformas tendrán que adoptar el marco legal que estamos acogiendo aquí. Tendrán que tener la disposición de cerrar cuentas cuando alguien ofenda a alguien sin argumento ni principio cívico de respeto.

ENS: ¿Esto no va en contra de los postulados de la Corte Constitucional sobre libre expresión?

ES: La libre expresión es intocable. Siempre y cuando se respeten los límites se puede decir cualquier cosa.

Yo no me puedo inventar un chisme o una calumnia atentando contra la buena honra o la familia de las personas para después decir me equivoqué.

Lo que queremos es que haya límites claros y que podamos vivir en una convivencia pacífica entendiendo que nadie es más que nadie. Por eso queremos que se cree una comisión integrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Fiscalía General, cuya función será la de adelantar las iniciativas tendientes a expedir o reformar las leyes que sean necesarias, así como reglamentar aquellas a que haya lugar, en aras de garantizar el marco normativo adecuado para la ciberseguridad y la ciberdefensa de la información o contenido ilícito publicado en las diferentes redes sociales a efectos de proteger a los usuarios de las mismas.

ENS. ¿No se estarían cargando las instituciones judiciales con este proyecto?

ES: Esta denuncia operaría con los jueces del país. Cuando a alguien le tocan el bolsillo con una sanción de cerca de $80 millones, el infractor lo va a pensar dos veces antes de seguir calumniando a los demás.