Aunque desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las Farc, a finales de diciembre de 2016, se comenzó a hablar de “posconflicto” en Colombia, lo cierto es que si bien una parte importante de esa facción subversiva se desarmó, otros factores generadores de violencia siguieron delinquiendo e incluso han aumentado su accionar al tratar de asumir el dominio de las zonas despejadas por los desmovilizados, que no fueron copadas de manera rápida y eficiente por la Fuerza Pública ni la institucionalidad estatal.

Por lo mismo, lo que se ha registrado en los últimos dos años largos no es un clima de “posconflicto” sino de rebrote de la violencia o reciclaje de victimarios, por más que el volumen de delitos atribuidos a las Farc disminuyera sustancialmente.  

Las cifras sobre la situación de inseguridad y desorden público son contundentes en varios frentes. En narcotráfico, por ejemplo, de las poco más de 40 mil hectáreas de narcocultivos que existían en 2013 se pasó a más de 200 mil al comienzo del año pasado. Hace tres semanas el Gobierno anunció que fueron erradicadas más de 80 mil hectáreas de cultivos ilícitos, con lo que se superó la meta de 50 mil hectáreas prevista para 2018, sin embargo el porcentaje de resiembra está entre 25% y 30%. Disidencias de las Farc, Eln, carteles colombianos y mexicanos, así como bandas criminales como el ‘Clan del Golfo’ ahora tienen mayor participación en el negocio, aliados en algunas zonas y combatiéndose en otras. Lo cierto es que mientras el potencial de exportación de cocaína fue calculado por Estados Unidos en más de 800 toneladas métricas anuales, el microtráfico se ha convertido en uno de los delitos de más alto impacto a nivel interno.

Disidencias creciendo

Las disidencias de las Farc, compuestas por facciones de esa guerrilla que no se desmovilizaron o ex subversivos reincidentes, han tenido un crecimiento exponencial en los últimos dos años. Mientras que los informes gubernamentales indican que estos “grupos residuales” no tendrían más de 1.000 efectivos, otros estudios de entidades como Ideas para la Paz, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la fundación Paz y Reconciliación así como InSight Crime, hablan de casi el doble. La mayoría de las disidencias se ubicó en zonas de alta densidad de narcocultivos en el sur del país y tendría más de una decena de experimentados cabecillas y mandos medios de las antiguas Farc.

Otro de los síntomas del rebrote de la violencia en las regiones se refleja en la racha de asesinatos de líderes sociales. Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo son contundentes: del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre pasado 431 activistas comunitarios, defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de víctimas, campesinos, indígenas, juntas de acción comunal y sindicalistas fueron asesinados. Incluso en los 20 días corridos de este año ya más de ocho líderes perdieron la vida. Aunque el Gobierno y demás autoridades han lanzado sendos planes de protección, los homicidios no frenan, teniendo como principales victimarios a particulares, el ‘Clan del Golfo’, las disidencias de las Farc y el Eln.

Más homicidios

Tras cinco años a la baja, en 2018 el número de homicidios volvió a aumentar. Según lo dijo la Fiscalía la semana pasada, durante el año anterior se registraron 12.458 homicidios dolosos, 3,25% más que los 12.066 asesinatos conocidos en 2017.

De acuerdo con el ente acusador, hubo un incremento de los factores de violencia en los territorios del “postconflicto”, ya que en 2016 se cometieron 2.271 homicidios en los 161 municipios en los que había presencia de las Farc. Para 2018, la cifra de asesinatos en estas poblaciones aumentó a 2.957. Es decir, en dos años ocurrieron 686 muertes más, un 30% superior con respecto a 2016.

Del mismo modo llama la atención el crecimiento del homicidio en los 52 municipios con sustitución de cultivos ilícitos, en los que las muertes pasaron de 914 (2017) a 1.192 (2018). Aumentaron 30,42%.

Recalcó la Fiscalía que era de particular relevancia que la tasa de homicidios se haya incrementado durante los dos últimos años en 147% en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, caracterizado corredor del narcotráfico donde se libra una disputa violenta entre el Eln, las disidencias de las Farc, ‘Los Caparrapos’ y el ‘Clan del Golfo’.

Otra estadística diciente sobre los picos de criminalidad en Colombia: en diciembre pasado la Fiscalía informó que durante 2018 fueron afectados con medidas cautelares de extinción de dominio bienes muebles e inmuebles por $5.7 billones, muchos de ellos de Farc, Eln, narcos y ‘Clan del Golfo’.

Una más: de acuerdo a la Defensoría del Pueblo entre enero y octubre se presentaron 89 eventos de desplazamiento masivo asociados con el conflicto, que dejaron 29.592 personas desplazadas, entre ellas 8.645 familias.

Esa misma entidad emitió nueve alertas tempranas, con el propósito de advertir de los riesgos para las personas y las comunidades en seis departamentos y 20 municipios.

“Lo más preocupante es la inseguridad que se vive en varias zonas del campo, donde el número de líderes sociales que está siendo asesinado es alarmante, muchos ex miembros de las Farc también han sido víctimas y el Estado, cuya presencia es necesaria, aún no ha llegado”, advertía recientemente el secretario general de la ONU, António Guterres.

A todo lo anterior habría que sumar un preocupante aumento de la minería criminal, el secuestro (que se había reducido sustancialmente en los últimos años), la extorsión, masacres y atentados a la infraestructura petrolera (80 el año pasado por parte del Eln). Es más, el propio presidente Duque indicó el viernes pasado –al reiterar la responsabilidad de esa guerrilla en el cruento atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía- que durante los 17 meses del proceso de diálogo entre la administración anterior y esa facción subversiva, esta ejecutó 400 acciones terroristas en 13 departamentos, dejando 339 víctimas y más de 100 asesinatos.

Como se ve, la inseguridad derivada del accionar de grupos armados ilegales que no ha parado pese al Acuerdo de Paz con las Farc. Por ello hablar en Colombia de “posconflicto” puede que funcione discursivamente, pero en la realidad es claro que hay un rebrote y reciclaje de la violencia, con actores criminales de nuevo y viejo cuño.