La Corte Constitucional profirió este año que termina un total de 513 sentencias de las cuales 214 fueron de constitucionalidad y 299 de revisión de tutelas, además de 490 autos de Sala Plena y la radicación de 150 mil tutelas.

Así lo explicó el presidente de la Corte, magistrado Alberto Rojas Ríos, al presentar un balance de gestión del alto Tribunal. Dijo el magistrado que este año se realizaron 85 Salas Plenas, 16 de ellas presenciales, 3 mixtas y 66 fueron virtuales.

La Corte ejerció revisión automática de constitucionalidad de los 115 Decretos Legislativos del Gobierno nacional expedidos desde marzo.

Modernización de la Corte

Para hacerle frente a la pandemia, dijo el magistrado Rojas, fue necesario reformar el reglamento interno de la corporación, la incorporación de la firma electrónica, la migración a versiones web y la creación de herramientas para votaciones virtuales y el reparto de procesos.

Uno de los principales cambios fue el paso a la remisión electrónica de tutelas que empezó a realizarse en todo el país a partir del 31 de julio y que permitió sustituir el envío por correo físico.

“A la fecha se han recibido 150 mil tutelas de manera electrónica, de las cuales el 84% se han enviado a través de una plataforma que desarrolló la Corte. Esta nueva forma de remisión aumentará la trazabilidad de las tutelas, liberará infraestructura física, eliminará trámites operativos, ahorrará más de 11.000 millones anuales al Estado en correo físico y generará menores impactos ambientales”, detalló.

También se generó el sistema Pretoria, que ayudará en la selección de tutelas y permitirá a la Corte adaptar su gestión a la demanda actual, “que es 1900% mayor a la que se tenía hace 25 años”, dijo el jurista.

La Corte también avanzó en su estrategia de acercarse al ciudadano mediante la traducción de sentencias a comunidades indígenas, la elaboración de material pedagógico y nuevos contenidos web.

En materia de transparencia y fortalecimiento institucional la Corte ingresó a la Alianza de Gobierno Abierto, a estadísticas y bases de datos abiertos sobre la jurisdicción constitucional, la suscripción de un memorando de entendimiento con el Departamento de la Función Pública y el apoyo de Usaid para generar recomendaciones sobre la gestión del proceso de tutela.

Otras cifras importantes

Con corte a diciembre 11 de 2020, la Corte Constitucional presentó las siguientes ejecutorias:

• Ha recibido 707 procesos (555 de constitucionalidad, 137 conflictos de competencia y 15 de jurisdicciones) y 248.246 tutelas para el trámite eventual de revisión.
• Recibió 436 demandas de inconstitucionalidad; 3 Leyes aprobatorias de tratado; 15 conflictos de Jurisdicción; 137 conflictos de competencia; 115 Decretos Legislativos y un proyecto de Ley Estatutaria.

En total, la Corte estudió 1.119 artículos en las sentencias de constitucionalidad, así:

• Demandas de inconstitucionalidad: 198
• Decretos Legislativos: 885
• Leyes aprobatorias de tratado: 9
• Objeciones gubernamentales: 27

De los 115 Decretos Legislativos recibidos, 73 eran de la primera declaratoria de emergencia y 42 de la segunda. El 34,78% de los decretos estaban relacionados a Hacienda y Crédito Público; el segundo tema más recurrente fue el de Trabajo y Seguridad social, con un 9,57%.

La Corte informó que desde 1992 a la fecha ha recibido 390 Decretos Legislativos para control automático de constitucionalidad, es decir que en 2020 recibió el 29% de ese total.

Acciones de tutela

En 2020 la Corte Constitucional recibió 248.246 tutelas para eventual revisión, de ellas 513 sentencias proferidas.

Al mes de octubre pasado, la Corte superó los 8 millones de tutelas recibidas desde su entrada en funcionamiento.

Igualmente, el alto Tribunal suscribió nueve Memorandos de Entendimiento con diferentes entidades públicas y privadas.

Los retos para 2021

El magistrado Rojas Ríos explicó que para el año entrante la Corte Constitucional tendrá que resolver varios temas de trascendencia nacional, entre ellos: las curules derivadas del Acuerdo de Paz, el aborto, la cadena perpetua y los terrenos baldíos y la política de tierras sin titulación.

“Estos asuntos admiten tensiones entre múltiples derechos fundamentales y los principios que caracterizan un Estado social de derecho, y contienen problemáticas estructurales que han sido abordadas a lo largo de la jurisprudencia constitucional”, aseguró el jurista.

El Presidente de la Corte agregó que son varios los retos para consolidar la modernización de la Corporación: fortalecer la comunicación con los ciudadanos y los jueces, mejorar la relatoría para facilitar la búsqueda de información entre las más de 26 mil sentencias que se han proferido, mejorar los tiempos de publicación de los fallos proferidos por la Sala Plena y fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de tutela.