GRANADA, ANTIOQUIA, se encuentra en estado de alerta debido a la reciente amenaza de “limpieza social” por parte de grupos armados ilegales en la región. Esta situación ha generado temor y zozobra entre los habitantes, quienes están preocupados por su seguridad y la de sus familias.
Desde mediados de abril de este año, grupos armados identificados como el Clan del Golfo han hecho presencia en algunos corregimientos del municipio, como Santa Ana, donde han irrumpido en espacios de participación ciudadana para informar sobre su establecimiento en la zona y su intención de llevar a cabo homicidios selectivos.
Oscar Yesid Zapata, defensor de los derechos humanos en el Oriente Antioqueño, alertó sobre la intimidación que estas acciones representan para la población. Según el funcionario, estos grupos han llegado con la intención de atemorizar a la comunidad mediante la amenaza de una “limpieza social”, una modalidad que históricamente ha estado asociada con actos violentos y selectivos.
La presencia de estos grupos armados ilegales ha generado una respuesta de las autoridades locales, quienes reforzaron la seguridad en el municipio. Un escuadrón del Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) de la Policía Nacional llegó a Granada para garantizar la protección de las personas y mantener el orden público en la región.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que Granada enfrenta este tipo de amenazas. Hace cuatro semanas, se emitió una alerta similar por parte de organizaciones sociales debido a las advertencias de grupos armados ilegales, en ese caso, presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En aquella ocasión, se reportaron actos de presencia en reuniones sociales donde se anunciaban homicidios selectivos y se instaba a la población a temer por su seguridad.
Zapata hizo un llamado urgente a las autoridades para que atiendan esta situación de manera efectiva y protejan a la comunidad. Según denuncias recibidas por la Fundación Sumapaz, estos grupos ilegales también estarían involucrados en actividades como la construcción de carreteras sin permisos, posiblemente para evadir la detección de las autoridades, y en la explotación ilegal de minas abandonadas.