Los señalados suplantaban a empleados de reconocidas empresas de servicio público con el fin de ingresar a los domicilios, donde posteriormente reducían, amordazaban y agredían físicamente a sus moradores.

Mediante la utilización de armas de fuego y elementos cortopunzantes, sustraían elementos de valor, tales como joyas y dinero.

Con la materialización de nueve diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Suba, Usaquén, Bosa, Kennedy, Usme y Puente Aranda, la Policía logró la captura de cuatro personas mediante orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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"Si tenemos la presencia de funcionarios de una empresa de servicios en nuestra residencia, la cual no fue solicitada, es muy importante verificar la legalidad de estos procedimientos e incluso dar aviso a las autoridades de ser necesario”, indicó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Durante el desarrollo de la operación, fue incautado un vehículo tipo taxi, el cual era utilizado para la comisión de los delitos, cuatro armas de fuego: un revólver, una pistola, dos de tipo traumática, 31 cartuchos de munición de diferentes calibres, 500 gramos de marihuana, 100 gramos de bazuco, un celular y dos millones de pesos.

Se logró establecer que esta organización criminal, se encontraba vinculada en al menos siete eventos criminales, algunos de los cuales se encuentran evidenciados en grabaciones de cámaras de seguridad de los sectores afectados.

Alias ‘El Gordo’, cabecilla de la estructura delincuencial, capturado mediante orden judicial, obtenía información de sus víctimas a través de los comerciantes de diferentes zonas de la ciudad. Utilizaba su condición de expendedor de sustancias estupefacientes, para recopilar datos de los habitantes de estas viviendas y posteriormente coordinaba los hurtos.

Todos los capturados tienen antecedentes por los delitos de homicidio, feminicidio, ⁠hurto calificado y agravado, ⁠concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, receptación, ⁠violencia contra servidor público, fuga de presos, ⁠violencia intrafamiliar y ⁠lesiones personales.

Mediante la interceptación de llamadas telefónicas, se pudo determinar que los actores criminales, no solo se dedicaban al hurto de residencias, sino también a la distribución y venta de bazuco y marihuana en diferentes localidades de Bogotá, alcanzando una renta criminal de hasta 700 millones de pesos anuales.