Agilizar los tiempos de registro, intervención y culminación de las obras pendientes en el país a través de la Ley de Obras Inconclusas (025 de 2018) está planteando la representante por Bogotá, Ángela Patricia Sánchez, de Cambio Radical, con el fin de evitar los innumerables ‘elefantes blancos’ que hay en el territorio nacional.

“El registro de obras inconclusas se debe realizar en el período de un año. Contará con dos años para la intervención de terminación o demolición y se actualizará los primeros tres meses de cada año fiscal”, dijo la congresista.

Explicó que la orden para la elaboración de las obras estará a cargo de la oficina de Planeación de cada entidad territorial y “la no entrega de la misma dentro de los términos que establece la presente Ley (025 de 2018), será objeto de sanción disciplinaria”.

El anuncio de Sánchez se dio como parte de la lucha anticorrupción, luego de que el Departamento Nacional de Planeación y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia identificaran 382 proyectos en estado crítico en todo el país, que comprometen recursos por 3.3 billones de pesos.

Con este gran número de obras inconclusas, el proyecto, según la congresista, plantea conocer la situación real de aquellas que no se han completado en el país, mediante la creación de un registro territorial (municipal, departamental, distrital y nacional) e institucional que contenga las obras civiles en construcción, mantenimiento, instalación o realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago que no se haya completado en su construcción y que se encuentre en estado de abandono.

Como segunda medida, planea dar vía libre para que los organismos de control tengan la información oportuna del proceso de contratación y construcción de las obras, para tomar las medidas penales, fiscales y disciplinarias correspondientes.

De esta manera busca que los futuros alcaldes, gobernadores y presidentes incluyan dentro de sus planes de desarrollo las medidas necesarias para atender las obras que no se han culminado, con el objetivo de evitar el detrimento patrimonial que genera la demora en la realización de las obras.

Al finalizar la radicación del proyecto, Sánchez enfatizó en que “queremos encontrar todas las obras públicas abandonadas en todo el país y buscaremos que realmente sean intervenidas”.

Magdalena, con el mayor ‘elefante blanco’

Uno de los casos que representa el mayor número de irregularidades se encuentra en el departamento del Magdalena, debido a que compromete más de 466.000 millones de pesos. Esta obra buscaba el mejoramiento de la Vía Salamina (Guáimaro) – Remolino-Sitionuevo (Palermo), con la pavimentación de 52,62 Km, en tres tramos sobre la vía a la prosperidad adelantada por el Consorcio Ribera.

Esta obra inició el 3 de octubre de 2013 y fue suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional hasta diciembre de 2014, tras la inadecuada planeación que se evidenció en el transporte de materiales y que generó un sobre costo por 32.616 millones de pesos, además de gastos adicionales y demoras injustificadas en la elaboración. El proyecto tiene hasta el momento una ejecución menor al 49 %.

Los municipios afectados por este ‘elefante blanco’ son: Sitionuevo, Remolino, Guáimaro, Salamina, El Piñón, Cerro de San Antonio, Pedraza y Tenerife (Magdalena).

Recursos represados en obras inconclusas:

Región Caribe: 43% de las obras inconclusas - $1.3 billones

Región Pacífico: 19% de las obras inconclusas - $600.000 millones

Región Oriental: 17% de las obras inconclusas - $550.000 millones

Región Centro Sur: 10% de las obras inconclusas - $333.000 millones

Región Centro Oriental: $209.000 millones

Región Eje Cafetero: $163.000 millones

Fuente: Cámara de Representantes