Al posesionarse como presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que evaluaría durante 30 días el proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya última ronda de conversaciones tuvo lugar en Cuba y finalizó el 1 de agosto de 2018, una semana antes de que Juan Manuel Santos le entregara las riendas del país.

Tras finalizar su mandato y el sexto ciclo de conversaciones, Santos Calderón dijo que no se logró lo esperado respecto a un cese del fuego bilateral por falta de condiciones de verificación, pero que esperaba avances con su sucesor.

En un acto desde el sur del departamento de Bolívar, el entonces mandatario aseguró que lo que sí se logró fue, “después de muchos esfuerzos, dejar sentadas las bases para continuar” y que solo faltaba un 10% para concretar dicho cese. Las cosas quedaron en manos de la nueva administración.

Sin embargo, durante el balance de sus primeros 100 días de gestión, el 18 de noviembre pasado, Iván Duque Márquez aseguró que durante 17 meses de negociaciones de paz con el anterior Gobierno, el grupo insurgente cometió más de 430 actos criminales, de los cuales más de 100 eran homicidios.

Desde entonces, el nuevo mandatario ha condicionado la reanudación de los diálogos con esta guerrilla al fin definitivo de todas sus actividades criminales y a la liberación de todos los secuestrados que tuvieran en su poder. El Ejecutivo volvería a sentarse a la mesa, sí y solo si se cumplían estos requisitos.

A mediados de septiembre, el ELN dejó en libertad a diez secuestrados, entre ellos dos civiles, cuatro soldados y tres policías que habían sido retenidos en agosto en Arauca y el Chocó, así como una menor indígena que supuestamente era informante de las Farc. 

No obstante, a finales del mismo mes, el secuestro de la comerciante Diana María Toro, en el municipio de Amagá (Antioquia), generó nuevamente la molestia del Gobierno, por lo que Duque afirmó que el grupo armado se alejaba de la voluntad de paz “que dice tener”.

El Comando Central (COCE) del ELN afirmaba entonces que “hasta que no haya un acuerdo de paz con el Gobierno, donde las dos partes se sientan satisfechas con lo acordado, no está obligada a cumplir con la legalidad”.

En dicha declaración, el ELN le reiteró a la Casa de Nariño la necesidad de darle continuidad a los diálogos y le pidió nombrar a sus negociadores de paz, pues una semana atrás, el 18 de septiembre, la Presidencia colombiana retiró la designación hecha por el gobierno de Juan Manuel Santos a las ocho personas que integraban la mesa de diálogo con el ELN.

Según el grupo armado, la negativa del nuevo mandatario de nombrar el equipo negociador, “así como las múltiples declaraciones en contra del proceso de paz en curso con las Farc, demuestran las inclinaciones belicistas del Partido Centro Democrático y la ejecución que de ellas hace el actual Gobierno”.

Un hecho que marcó negativamente el proceso fue el anuncio de Duque Márquez, desde Nueva York, tras participar en la 73ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el 27 de septiembre, de que ante una eventual reanudación de los diálogos, Venezuela no sería más un país garante. 

Dos días después el ELN respondió y afirmó que el plan del gobierno Duque era “hacer trizas” el proceso y que el oficialista partido Centro Democrático estaba “echando a perder seis años de conversaciones y una oportunidad histórica de paz”. Duque “sigue exigiendo condiciones unilaterales para no darle continuidad al proceso”, señaló entones la delegación de paz el ELN desde La Habana, Cuba.

En octubre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le hizo un llamado a su homólogo colombiano para que retomara las conversaciones con el ELN, e indicó que estaba dispuesto a acompañar una eventual negociación.

A finales de noviembre se produjo otro hecho que sorprendió al país. El grupo insurgente designó como nuevo negociador de paz a su máximo comandante, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’. La noticia se conoció luego de que el jefe guerrillero viajara sin autorización a la capital cubana para someterse a un tratamiento médico, para tratar un supuesto cuadro de depresión que padece.

Ante ello, la Cancillería colombiana envió una nota diplomática al Gobierno cubano en la que solicitó “colaboración con información sobre presencia y permanencia en su territorio de algunos miembros del ELN”. Además, el pasado 3 de octubre la Interpol emitió circular roja contra ‘Gabino’, misma que el Ejecutivo colombiano pidió hacer efectiva ante las autoridades cubanas.

En medio del cese de operaciones durante las festividades de fin de año anunciado por el ELN, del 23 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019, la guerrilla liberó al ingeniero Rafael Andrés Riaño, quien estaba retenido desde enero de 2018. Pero también durante esta tregua, un soldado colombiano murió por disparos de un miembro de esta guerrilla en zona rural de San Calixto, en la región del Catatumbo.

Y previo a la tregua, se registraron varios ataques perpetrados por la organización guerrillera en el departamento del Cesar, en los que cinco civiles resultaron heridos y dos vehículos terminaron incinerados.

Además del Ejecutivo venezolano, se han sumado a esta petición ciudadanos, líderes políticos, obispos, congresistas, organizaciones civiles y otros gobiernos y organismos internacionales. Uno de ellos fue el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien en su visita a Bogotá en agosto pasado, ofreció a su país como facilitador de los diálogos. O la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que finalizando el 2018 señaló que "si bien las posiciones de ambas partes están más alejadas de lo que han estado desde el inicio de los diálogos en 2016, es muy importante que los canales de comunicación sigan abiertos".

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, reiteró el pasado jueves 11 de enero que el gobierno quiere saber “si el ELN está dispuesto a hacer algo que hizo las Farc en su momento y fue renunciar al secuestro y hacer un cese unilateral de acciones criminales”.

“Lo peor que podría hacer el Gobierno es desconocer un acuerdo que ya está en implementación para acomodar toda la institucionalidad a un grupo que, en este momento, no ha dado muestras de querer ir más allá de la exploración de unos diálogos”, dijo el comisionado.

El Ejecutivo colombiano ha mantenido su postura de no reiniciar el proceso. Tanto el presidente como el comisionado Ceballos, han recalcado en diferentes ocasiones que la guerrilla no tenía voluntad de paz.

Entre tanto la guerrilla, sigue solicitado que se reanuden los diálogos de paz y se nombren negociadores del Gobierno.

Tras el atentado con un carro-bomba ocurrido este jueves en la Escuela de Cadetes General Santander, en la que murieron 21 personas incluido el atacante, las conversaciones sufren un nuevo revés.

La Fiscalía General atribuyó el ataque al ELN, pues identificó como autor material a José Aldemar Rojas, un explosivista experto de esta guerrilla.

Durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño este viernes, el comisionado Ceballos recordó que “desde el discurso de su posesión el 7 de agosto, el presidente dio un mes para la evaluación del proceso de paz que venía desarrollando el Gobierno anterior con el ELN” y que “durante 17 meses, el primer resultado de esa evaluación fue muy negativo".

El funcionario indicó que desde el pasado 7 de agosto, ese grupo guerrillero ha secuestrado a nueve personas y ha cometido 33 atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón - Coveñas.

Entre tanto, el fiscal Néstor Humberto Martínez, confirmó que imputará a los miembros del COCE del ELN por el ataque a la escuela que se considera el corazón de la Policía.

Según un informe de mediados de diciembre del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la guerrilla del ELN contaría actualmente con unos 2.000 reclutas. Tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es el único grupo guerrillero que persiste en el país cafetero.

 

El inicio del proceso

El 30 de marzo de 2016, después de dos años de diálogos exploratorios, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN anunciaron desde Caracas el inicio formal de un proceso para dar por terminado el conflicto armado entre las partes.

La mesa pública de conversaciones se instaló en Quito el 7 de febrero de 2017, con Ecuador, Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes.

El proceso de paz con esta guerrilla se desbloqueó tras el indulto de dos insurgentes que estaban presos y la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca.

La agenda acordada contemplaba seis puntos: participación de la sociedad en los diálogos, democracia para la paz, reparación a las víctimas, transformaciones para la paz, fin del conflicto armado e implementación de los acuerdos. 

Entre el primero (abril de 2017) y el cuarto ciclo de negociaciones (diciembre de 2017) se produjeron varios hechos cometidos por el ELN, entre estos, un ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas, el asesinato de líder indígena Aulio Isaramá en Chocó y una presunta masacre en Magüí Payán (Nariño), en la que fueron asesinados disidentes de las Farc, un líder comunitario y una mujer en estado de embarazo.

El 4 de septiembre se firmó en la capital ecuatoriana un cese al fuego bilateral entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018. El acuerdo se alcanzó dos días antes de la visita del papa Francisco al país cafetero. La tregua finalizó con quejas mutuas de incumplimientos, pero sin enfrentamientos entre las partes por primera vez en cerca de cinco décadas de conflicto. A inicios de diciembre, el hasta entonces jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, renunció por “motivos personales y profesionales”.

Finalizado el cese al fuego, la guerrilla reanudó sus acciones con al menos cuatro acciones contra oleoductos y militares. Por ello, el presidente Santos ordenó el 10 de enero de 2018 el regreso a Colombia de la delegación negociadora, liderada por Gustavo Bell, con el fin de analizar la continuidad del proceso.

A mediados de ese mes el secretario general de la ONU, António Guterres, llegó al país para hacer un llamado a las delegaciones a iniciar una nueva tregua. No obstante, las hostilidades recrudecieron y el 29 de enero el Gobierno suspendió las negociaciones luego de un atentado del ELN en Barranquilla (noroccidente), en el que murieron diez policías y varios más quedaron heridos.

Entre enero y abril tienen lugar varios incidentes, pero el que marcó un punto de quiebre fue el secuestro y posterior asesinato de tres miembros del equipo periodístico del El Comercio de Ecuador y de una pareja ecuatoriana. Esta acción, liderada por el frente disidente Oliver Sinisterra, al mando Walter Patricio Arizala, o alias ‘Guacho’, ocasionó que el Gobierno ecuatoriano anunciara su retiro como sede de los diálogos con el ELN y como país garante del proceso de paz. 

Un mes después, Cuba es elegida como sede de las conversaciones y se acuerda continuar en La Habana el quinto ciclo.

A esto le siguieron diferentes hostigamientos y ataques por parte del grupo guerrillero, así como el posterior cese unilateral al fuego del ELN para la primera y segunda vuelta presidencial, lo que hizo que el mandatario decidiera retomar las conversaciones. Ya sobre junio y agosto (fin del gobierno Santos) avanzan el quinto y sexto ciclo de negociaciones, pero terminan sin éxito, debido a “puntos sensibles” que no lograron pactarse entre las delegaciones, a pesar del envío de dos comisiones de alto nivel de Juan Manuel Santos.