Estos espacios temporales dejarán de funcionar en agosto próximo según lo establecido en el Acuerdo de Paz 

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De 13.014 ex combatientes de la extinta guerrilla de las Farc que fueron incluidos en un listado tras acogerse al Acuerdo de Paz, apenas 2.935 todavía permanecen en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) en donde reciben atención directa del Gobierno.

Así se conoció ayer por una caracterización realizada por la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en todo el territorio nacional, para lo cual 10.415 fueron encuestados para el nuevo registro.

En febrero de 2017 cerca de 14.000 combatientes de las Farc ingresaron a las entonces llamadas zonas veredales, ubicadas en diferentes regiones del territorio nacional, para hacer la dejación de armas a que se comprometieron en el acuerdo de paz e iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil, tras muchos años de lucha armada en el monte.

En los primeros meses de funcionamiento hubo muchas quejas de los desmovilizados por las demoras en la finalización de las obras de alojamientos, salones de capacitación y servicios sanitarios, lo cual afectó su permanencia en estos sitios.

El Acuerdo de Paz no puso restricciones a la movilidad por el territorio nacional a los ex combatientes de Farc, aunque sí deben atender a los llamados que les haga la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) creada para sancionar los delitos más graves cometidos en el conflicto, y presentarse o informar cuando los requiera acerca de sus actividades luego de la desmovilización, esto con el fin de honrar la obligación que tienen de aportar a la verdad y la reparación de las víctimas.

Como consecuencia la mayoría de los desmovilizados han ido abandonando poco a poco los Espacios de Capacitación para hacer su propia vida, irse a otras regiones a reunirse con sus familias o iniciar proyectos productivos. No se descarta que un porcentaje de estos haya reincidido en el delito.

En septiembre pasado ante la polémica que se dio tras conocerse que seis ex combatientes de las Farc entregaron sus esquemas de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y dejaron los espacios de capacitación, el consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, dijo que “ellos no son personas que estén sometidas a ninguna medida cautelar, ni nada similar. La sola circunstancia de que no estén en las zonas no implica una infracción o un incumplimiento de ninguna de las condiciones que individualmente tienen o puedan modificar su situación jurídica”.

No obstante, hay casos como el de Luciano Marín (‘Iván Márquez) y Hernán Darío Saldarriaga (‘El Paisa’) que desde agosto pasado abandonaron el espacio de capacitación de Miravalle (Caquetá) y han desatendido el llamado de la JEP a presentarse para rendir versión en la investigación que se adelanta por los secuestros de las Farc.

‘Márquez’ pidió un aplazamiento aduciendo problemas de seguridad, ante lo cual la JEP lo citó para mayo próximo. En tanto que en el caso de ‘El Paisa’ esta Jurisdicción le inició un incidente de incumplimiento que podría derivar en que pierda los beneficios penales y su expediente sea remitido a la justicia ordinaria.

Optimismo

El estudio de caracterización realizado por la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para el nuevo registro estableció también que el 76% de los ex combatientes de las Farc son optimistas sobre su futuro dentro del proceso de reincorporación que adelanta el gobierno del presidente Iván Duque en cumplimiento del Acuerdo Final.

“Se trata de una demostración de confianza de la guerrilla en la seriedad de las acciones emprendidas por este gobierno para facilitar la vinculación a la sociedad de aquellas personas que dejaron las armas y se plegaron al camino de la legalidad”, dijo el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.

De la cifra total de consultados se destaca que 2.608 son mujeres (25%) y 7.708 son hombres (74%).

El 62,2% de los hombres tiene 40 años o menos, frente a un 78,5% de las mujeres; y el 17,3% se auto reconoce como parte de un grupo étnico.

Al momento de la consulta, 9,9% de las mujeres (258) se encontraba en estado de embarazo. El 10,6% de los ex combatientes está en condición de discapacidad.

Andrés Stapper, director (e) de la ARN, explicó que las encuestas fueron presenciales, con promedios de tiempo de 80 a 90 minutos con cada entrevistado. Se realizaron entre el 17 de diciembre de 2018 y el 31 de enero de 2019, en 431 municipios de 32 departamentos del país. La consulta, de 143 preguntas, incluyó a 305 ex combatientes que están privados de libertad.

Del total, 7.976, el 76,6%, dijeron estar optimistas sobre su futuro en el proceso de reincorporación. El resto manifestó algún grado de desconfianza y escepticismo sobre el futuro inmediato.

Los departamentos con mayor número de personas en reincorporación son: Meta con un 11,9% de la población, Antioquia con 11,2%, Cauca con 10,6%, Caquetá con 6,5% y la ciudad de Bogotá con 6,3%.

Otras cifras revelan que el 95,4% de los ex combatientes tienen un gran interés por desarrollar proyectos productivos (individuales, colectivos y/o familiares). Y 478 (4,6%), está interesado en obtener un empleo permanente.

A la fecha, más de 1.600 ex combatientes están vinculados a los 185 proyectos productivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación y la ARN, como parte del desarrollo de la política de estabilización Paz con Legalidad.

Seguridad

Stapper reveló que desde la firma del Acuerdo de Paz “128 ex combatientes han sido victimizados. Es decir, asesinados en medio del proceso”.

Explicó que “el Gobierno ha implementado más de 199 esquemas de protección solicitados por los colectivos a través de la UNP y a través de las entidades competentes para garantizar su seguridad”.

Agregó que el 46% de los hechos victimizantes contra la población de ex combatientes han sido esclarecidos por la Fiscalía General de la Nación, la cual ha realizado 51 capturas.

En ese sentido el nuevo registro reveló que 4.563 reincorporados (44,4%), estiman que pueden estar en riesgo por hallarse vinculados al proceso.

Stapper destacó el compromiso de la Fuerza Pública para garantizar su seguridad, incluso con personal de policía y un batallón del Ejército cerca de cada uno de los espacios territoriales.

“No tenemos solicitudes pendientes sobre esquemas de seguridad. Además de la protección que brinda el Ejército en los Espacios Territoriales, y los esquemas de seguridad para quienes han recibido amenazas, la propia Consejería ha establecido mecanismos de protección para militantes del partido político Farc que van a participar en las elecciones del año entrante”, subrayó.