Una creciente polémica por el funcionamiento de la EPS Medimás se viene presentando en el país y el Congreso de la República no ha sido la excepción. El senador Orlando Castañeda advirtió las consecuencias que genera la crisis asistencial y administrativa de la EPS Medimás, la cual tiene a su cargo la salud de más de cinco millones de afiliados en el país.

Mediante una constancia radicada en la sesión plenaria de Senado, el congresista dijo que “tan solo a un mes y 15 días de haber iniciado en  operación, la EPS Medimás ya afronta su primera crisis. El Procurador General de la Nación solicitó la semana pasada la inmediata intervención forzosa administrativa, teniendo en cuenta que no existe una red de prestadores de salud, lo cual impide garantizar la atención en salud de los colombianos, trasgrediendo los derechos fundamentales de cerca de 5 millones de afiliados”.

“Yo me pregunto ¿en qué términos fue la negociación del Gobierno entre Cafesalud y Medimás? ¿No se suponía que esta última iba a garantizar el Plan Obligatorio a sus usuarios?, quienes ya venían padeciendo la mala atención y los problemas de Cafesalud por casi dos años”, dijo.

Indicó que “el Gobierno sigue improvisando, jugando con la salud de los colombianos, no podemos esperar otros dos años de vulneración del derecho a la salud en condiciones dignas de los pacientes, la mala atención, la falta de medicamentos, la falta de profesionales especializados, el retraso de cirugías programadas, que cada día es más crítica. Aún ni con fallos de tutela se prestan los servicios, pues estos son desacatados”.

Sostuvo que “a la fecha van más de 10.095 quejas ante la Superintendencia de Salud, en estos primeros 34 días de operación. A esta crisis sumémosle la solicitud de traslados a otras EPS, que llega cerca a las 5.000 y que aún no tienen respuesta”.

 Así mismo manifiesta este organismo de control “que de los 29 departamentos donde opera Medimás, la Procuraduría cuenta con certificaciones expedidas por 27 entes territoriales donde la EPS no tiene contratada una red de prestadores de servicios”.

“Es decir, en el 93,1% de los departamentos de Colombia no hay cómo prestar el servicio de salud a los usuarios de esta EPS, y me sigo preguntado: ¿estos fueron los términos de la negociación del Gobierno como garante del derecho de salud, entre estas dos EPS? ¿A costa de la salud de los colombianos?”, sostuvo.

El superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, dijo que “vamos a fortalecer el mecanismo de vigilancia especial, principalmente en la atención al usuario, protección de recursos y formalización de la red pública. Esto, en mi criterio, cumple con la solicitud hecha ayer por la Procuraduría”.

El funcionario agregó que la Superintendencia de Salud ha estado haciendo balances constantes de la operación de esta EPS en los 45 días de operación.

“En materia de la red prestadora de servicios, durante la habilitación de la EPS, se plantearon 1.500 instituciones. La tarea, una vez entrara en operación, era llevar esto a contrato. Ese proceso, en el caso del régimen contributivo, hoy está en un 60% y en el subsidiado en un 65%”, afirmó Muñoz.

El Superintendente señaló que en algunas zonas como la Costa Caribe y los Santanderes han tenido que intervenir para poder garantizar el servicio de salud de los ciudadanos. “Lo que le hemos instruido a la EPS es que mantenga el giro a estas instituciones para garantizar la continuidad de la operación”, dijo.

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