De esta forma se daría marcha atrás a una de las principales modificaciones al proyecto que hizo el Senado

La lista de delitos contra el Derecho Internacional Humanitario sería eliminada del texto de la reforma a la Justicia Penal Militar. La idea es que posteriormente la correspondiente ley estatutaria se ocupe de señalar las conductas que serán conocidas por la justicia ordinaria.

Esa es una de las inquietudes en que coinciden de forma preliminar algunos de los ponentes para el quinto debate de la reforma a la Justicia Penal Militar, que debe darse en la Comisión Primera de la Cámara en las próximas semanas.

De esta forma se volvería a la fórmula inicial que planteó el Gobierno nacional cuando presentó este proyecto a principios de año, texto que en términos generales fue conservado en sus dos primeros debates en la Comisión Primera de Cámara y en la plenaria de esta Corporación, que consistía en que los delitos que cometan los integrantes de la Fuerza Pública como parte del servicio serán conocidos por la Justicia Penal Militar, exceptuando los delitos de lesa humanidad.

Sin embargo en mayo pasado, la Comisión Primera del Senado aprobó determinar de forma taxativa en la Constitución una lista con los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, que en ningún caso podrán ser juzgados por la Justicia Penal Militar, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, la desaparición forzada y la violencia sexual.

En este sentido el coordinador de ponentes para este quinto debate de la reforma a la Justicia Penal Militar, Óscar Fernando Bravo, explicó que los integrantes de la comisión hasta el momento no han podido avanzar en la redacción de la ponencia hasta que se cumpla con las dos audiencias públicas que se tienen previstas para este proyecto. Sin embargo, en las conversaciones iniciales que han sostenido algunos de ellos, el parlamentario Bravo dijo que “hay alguna discusión sobre la constitucionalización de los delitos que estarían excluidos de la Justicia Penal Militar. En la Cámara habíamos delegado eso a la ley estatutaria para que allí se consagraran las excepciones pertinentes, pero el Senado decidió incluir los delitos taxativamente que estarían excluidos de la Justicia Penal Militar.

Nosotros pensaríamos volver a la idea nuestra de que esos delitos no estuvieran en la Constitución sino en la ley”.

Trámite

Al tiempo que las Fuerzas Militares y el propio Gobierno urgen la aprobación de esta reforma legislativa para blindar jurídicamente a las Fuerzas Militares en la lucha que libran contra la subversión y las bandas armadas ilegales, el proyecto apenas coge impulso en la Cámara para su quinto debate.

Esta semana, seguramente se producirá en Cali la primera de las dos audiencias previstas. Para tal fin la Comisión Primera se trasladaría a esta capital para sesionar, como una manera de mostrar el apoyo a la Fuerza Pública en medio de la difícil situación de orden público en el suroccidente del país por acciones terroristas de las Farc en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, que obligaron a que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, despachara en Cali durante varios días.

En tanto que la semana entrante se verificaría la segunda audiencia pública de este proyecto en la sede de la Comisión Primera de la Cámara en Bogotá.

“Además, vamos a tener una reunión también con los militares retirados para oír nuevamente su opinión sobre la marcha del proceso, y esperamos que en la audiencia del jueves está presente el Ministro de Defensa y la cúpula militar”, dijo Bravo.

En una reunión que sostuvo la semana anterior con la bancada del Partido Conservador, el presidente Santos se comprometió en impulsar la ley estatutaria del acto legislativo que reforma la Justicia Penal Militar. Además, el Mandatario se comprometió en esa reunión a pedirle al fiscal General, Eduardo Montealegre, revisar el acuerdo al que llegaron en el año 2006 el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General, el cual según los uniformados los ha afectado jurídicamente en los procesos cuando ocurren delitos de homicidio simple y de homicidio en persona protegida como resultado de las operaciones propias de las Fuerzas Militares que ameriten la inspección técnico-científica de los lugares donde ocurran los hechos.

Este acuerdo firmado durante el gobierno Uribe, denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar”, imparte directrices al Comando General de las Fuerzas Militares, a los funcionarios de la Justicia Penal Militar y a los directores nacionales y seccionales de fiscalías y del Cuerpo Técnico de Investigación, respecto de aspectos procesales relacionados con el manejo de la evidencia probatoria y de la cadena de custodia y el conocimiento inicial de investigaciones.