El proyecto de reforma constitucional que limita el acceso a la propiedad privada de las personas naturales extranjeras y de las personas jurídicas con capital extranjero, o quienes actúen en su nombre, no frenará ni es una talanquera a la inversión productiva foránea; se trata es de proteger la tierra como recurso estratégico natural y la seguridad alimentaria presente y futura de todos los colombianos. Así lo explicó el senador Hernán Andrade (Partido Conservador), autor del proyecto y coordinador de ponentes, luego de que la Comisión Primera de Senado la aprobara en primer debate por 8 votos a favor y 4 en contra.

Dijo Andrade que, contrario a lo afirmado por el Gobierno Nacional, la iniciativa tiene motivos de utilidad pública, en aras además de salvaguardar la soberanía nacional. Explicó que el proyecto se origina, además, en la condición que tiene Colombia como uno de los países más vulnerables en materia de tierras, tanto por la calidad de las mismas como por sus aguas. “Informes de expertos señalan que grandes extensiones de tierra que forman parte de los ríos que nacen en el Macizo Colombiano, han sido compradas apresuradamente por extranjeros en Putumayo, Huila, Cauca, Caquetá, Nariño y el piedemonte de la Cordillera Oriental”.

Proyectos similares ya están vigentes, dijo el senador conservador, en países como Brasil, Argentina y Uruguay, en aras de preservar el control nacional en uno de los recursos más finitos, como es la tierra; “además este es un supuesto necesario para materializar los postulados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, señaló. Y lo que es más diciente, enfatizó, es que en países tan abiertos a la inversión mundial como Canadá, la provincia Prince Edward Island limita a las corporaciones a adquirir un máximo de 1.200 hectáreas y a los individuos, 400 hectáreas; en Estados Unidos tiene estados restrictivos como Indiana (que prohíbe la venta a extranjeros que no tienen intenciones de naturalizarse) y Iowa (que prohíbe la venta de tierras a extranjeros). Y en Australia está en discusión una ley para auditar las tierras y los cursos de agua en manos de extranjeros.

El senador Juan Carlos Vélez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien votó en contra del proyecto, argumentó que su aprobación “pone en riesgo la confianza inversionista extranjera que la política de Seguridad Democrática tanto logró conseguir en el campo colombiano”.

“La inversión extranjera en Colombia no se debe desincentivar pues ha generado empleo, ingresos y desarrollos para el país y sus ciudadanos”, expresó Vélez.

En sentido similar se pronunció el Gobierno a través del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien consideró que “no resulta conveniente prohibir o espantar la inversión extranjera en tierras o agroindustria en Colombia”.

Restrepo manifestó que, “según las cifras del Banco de la República, apenas el 2 por ciento de la inversión extranjera que está llegando al país lo hace para hacer inversiones en tierras o en agroindustria; el 98 por ciento restante está llegando a sectores tales como hidrocarburos, minería, industria manufacturera, transporte y servicios”.

Para Restrepo, “lo importante no es ahuyentar la inversión extranjera en el agro: lo fundamental es controlarla bien, y cerciorarse que ella promueva avances tecnológicos, empleo, vocación exportadora y capital para mejorar la infraestructura rural colombiana, e igualmente que promueva más empleo rural”.