·       Hay que darle oportunidad al pueblo

·       La intensa búsqueda de solidaridades

Esta semana se cumplieron 25 años de la primera elección popular de mandatarios municipales en Colombia, causa en la que Álvaro Gómez Hurtado fue motor principal. En El Siglo de marzo de 1988, el día de esa histórica cita en las urnas, se reprodujeron las palabras que en septiembre de 1980 pronunció el dirigente conservador en la presentación del proyecto de Acto Legislativo que viabilizó ese mecanismo de ampliación de democracia local

“La propuesta de elegir a los alcaldes popularmente, forma parte de un amplio propósito para que los colombianos restablezcan sus relaciones con el Estado. Hemos dicho que el Estado se nos ha vuelto ajeno, ignoto y casi siempre enemigo. De ello ha surgido un paternalismo propiciado por el propio Estado como disculpa para avasallar y requerido por la ciudadanía para compensar la falta de iniciativa y de responsabilidad propia de la decadencia de la vida civil.

Hemos querido que el Estado sea fuente de solidaridad. Hoy, por lo general, es la contraparte del pueblo. Necesitamos que el Estado sea propio, próximo, útil, comunicativo.

En el terreno de las metas estatales, hemos propuesto, y ya está en la Constitución, que exista un plan de desarrollo económico y social democráticamente acordado, para que todos se sientan vinculados a él, y a través de él, encuentren sus responsabilidades conjuntas con el Estado.

Y quisimos que ese plan fuera el resultado de una amplia y permanente concertación. Estamos en esa batalla. Nos encontramos con que, quienes se consideran voceros del gobierno, quieren toda la planeación y muy poca concertación. Le tienen miedo a concertar. Piensan que tendrán que superarse, contrarrestar opiniones y refutar argumentos, y prefieren no hacerlo, porque no tienen hábito. Porque en el pasado la planeación fue una especie de cámara de torturas para los sindicalistas y los hombres de empresa.

Si con la planeación concertada buscamos la solidaridad con el Estado en cuanto a sus metas, con la elección de alcaldes procuramos que el pueblo tenga una participación más  próxima en la formación del gobierno.

Hoy el pueblo, a pesar de que somos una democracia, solo tiene una oportunidad, cada cuatro años, de realizar una formidable y casi ilimitada delegación del poder. Entre el pueblo y el gobierno no hay sino un puente levadizo que se baja el día de los comicios presidenciales y de inmediato se levanta de nuevo. Por ahí pasa súbita y torrencialmente el inmenso poder de constituir, hoy casi sin limitaciones, la totalidad de la estructura burocrática del ejecutivo y sus organismos dependientes. Por esta razón, aunque el pueblo está en el origen de la legitimidad administrativa, no se siente solidario ni responsable de la inmensa ramazón de funcionarios que tienen una exclusiva vinculación con la cúspide  de la pirámide de la cual dependen y no del pueblo  que en cada nivel tienen enfrente.

La elección popular de alcaldes procura acercar la expresión más elemental de la autoridad, que es la municipal, con los anhelos más próximos del ciudadano y la familia, como son los del orden y el progreso de la comuna en la que se vive.

Tampoco aquí hay que tener miedo. Los pueblos deben poder darse el gobierno que se merecen. Vamos a dejar que nuestros conciudadanos escojan, así  sea solamente  e ese nivel, los hombres símbolos del actual momento. Mejoraremos.

Por lo pronto habrá una sorpresiva  distribución  de responsabilidades entre quienes tomaron parte en la elección, que por ese solo hecho han constituido una porción del gobierno y por lo mismo del Estado. En ese momento, el paternalismo como una excusa para rehuir las responsabilidades de la vida comunitaria, tiende a desaparecer. Cada cual pensará que algo tuvo que ver en lo que está ocurriendo.

El país tiene que acostumbrarse a apelar a las decisiones del pueblo en materias de mayor importancia. Es la manera de preservar el equilibrio del poder. No conseguimos éxito al proponer que nuestra idea de que el Fiscal General de la Nación, que ha de investigar los delitos y acusar a los criminales, fuese elegido por  el pueblo. Le tuvieron miedo a esa propuesta. Hemos querido que el pueblo todo escoja al procurador y al controlador, en el caso de que no pudiera privatizar el control del manejo financiero del Estado. Pero esto horroriza a los adeptos del paternalismo.

No se debe  pensar que hay una “doctrina” que establezca como bueno o como malo un cierto grado de participación popular en la designación de las autoridades. Todo ello tiene una base circunstancial y depende de los tiempos. Si en un principio los alcaldes no podían ser elegidos, era porque no había suficientes electores en las villas que supieran de que se trataba. Si después tampoco  se hizo, fue por temor de que los alcaldes conspiraran y realizaran pronunciamientos, porque ese fue el clima de inestabilidad en la época en la que se dictó la Constitución de 1886. Después se ha pensado que hay peligro de que se adueñen de esos puestos los demagogos o los populistas.

La vida pública del país se ennoblece cuando arriesga. Muchos de nuestros copartidarios, por lo menos todos aquellos a quienes les he hablado, son favorables a la elección de alcaldes y de otros muchos funcionarios. Quieren arriesgar. Supongo que sobre ello empieza a haber un consenso nacional. El proyecto pretende ser el catalizador de ese consenso”.