Las discusiones sobre un eventual escenario de justicia transicional en el país no han faltado: hasta dónde debe llegar el perdón a los miembros de las Farc y hasta qué punto se debe sacrificar la justicia en aras de la paz son algunas de las preguntas que deberá responder un acuerdo final. Pero si la justicia para los guerrilleros genera polarización, no lo es menos con respecto a los militares que han cometido crímenes de guerra.

La semana pasada, el fiscal general Eduardo Montealegre volvió a causar polémica con unas nuevas declaraciones sobre paz y justicia: “Colombia debe pensar en penas alternativas para militares y policías que cometieron crímenes de guerra en el marco del conflicto", dijo en el debate 'Víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación’.

Aunque aclaró que esta propuesta no aplicaría para los militares implicados en falsos positivos, sí va dirigida a quienes estén vinculados al conflicto armado.

Sin embargo, el tema no es nuevo y desde el inicio de las conversaciones, o incluso antes con la aprobación del Marco para la Paz, varios sectores se preguntan qué debe pasar con los miembros de la Fuerza Pública  cuando se establezcan los parámetros para someter a los actores del conflicto a la justicia. Las opiniones van desde “el mismo rasero para todos”, hasta la respuesta de altos mandos retirados de que “no nos pueden igualar con criminales”.

El excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Harold Bedoya ha sido una de las voces más radicales en contra de la propuesta de aplicar herramientas de justicia transicional a miembros de la fuerza. “No creo que los militares tengan que ser sometidos a la justicia transicional. Es una de las cartas que se están jugando las Farc y el presidente Santos desde Cuba para seguir desmoralizando a los militares”, aseguró a El Nuevo Siglo. 

Y agrega que eso llevaría a igualarlos con quienes han sido su principal enemigo en más de medio siglo de conflicto armado: “los militares de Colombia no están a la altura de los criminales, terroristas y narcotraficantes  de las Farc. Por eso la justicia transicional hace parte de la estrategia de desestabilización que tienen las Farc en Cuba”.

Desde la orilla contraria, el exmilitante del M-19 Rafael Vergara está convencido de que “lo que obre para unos tiene que obrar para los otros. Lo primero que hay que hacer es enterrar los odios, eso significa que las medidas de justicia transicional que se tomen tienen que aplicarse en todos los ámbitos. El perdón y el olvido, si es a lo que vamos a apostarle, tienen que operar para ambos lados”.

Propuestas con matices

Las ideas que han surgido al respecto tienen algunos matices en medio de estas dos posturas, e incluso el Fiscal ha dicho que no se puede dar el mismo tratamiento a miembros de ambos grupos. Juan Carlos Esguerra, quien fue ministro de Defensa mientras Bedoya estaba a la cabeza de las FFMM, también está de acuerdo en que “la justicia transicional debe aplicarse a todos aquellos sectores que hayan tenido algún nexo con el conflicto armado, pero no pueden ser simplemente la misma serie de normas las que se apliquen a unos y a otros. Por supuesto hay que tener en consideración el hecho de que los miembros de las fuerzas militares estuvieron siempre de parte del orden de las fuerzas de la ley”.

Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, cree que antes de tomar una decisión sobre la inclusión de las Fuerzas en estas medidas, el Gobierno debe dialogar con ellas para buscar fórmulas sobre cómo se adaptarían a ellas. Luego cree necesario consultarles a las víctimas de los militares “a ver ellas cómo pueden verse perjudicadas en su derecho a la justicia, y a partir de ahí buscar fórmulas”.

Para el abogado, uno de los temas difíciles sería establecer quién respondería por la no repetición de sus delitos, puesto que “mientras en la guerrilla hay unidad de mando, en el caso de los militares, al haber sido desvinculados de la fuerza no la hay. Entonces no hay quién garantice los cumplimientos de verdad, justicia y reparación y no repetición”.

Fuero, no beneficios: militares

Entre las medidas alternativas que planteó el Fiscal para los militares condenados se contemplan tratos penitenciarios diferentes, arrestos de fin de semana o la posibilidad de que paguen con trabajo social. Bedoya se opone firmemente a esto, reiterando que “lo único que están pidiendo los militares es que se les respete el debido proceso, que no los juzguen los tribunales espurios que los están juzgando en este momento, que se acaben los carteles de los engaños y los falsos testigos”.

Y aunque el general retirado aclaró que estas eran unas opiniones estrictamente personales, resultan similares a las que manifestó el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), general (r) Jaime Ruiz como respuesta a la idea de Montealegre: “Nuestra posición como militares no es pedir beneficios ni impunidad, sino garantías procesales y el derecho al fuero militar", aseguró al diario El Colombiano.

Si bien el Fiscal declaró que estos eventuales beneficios no aplicarían para quienes han participado en ‘falsos positivos’, Bedoya sí menciona que a quienes han estado presuntamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales “se les ha negado el debido proceso (…) deben ser juzgados por los tribunales que ordena la Constitución”.

Marco para la Paz

Meses antes de que el presidente Santos anunciara que el Gobierno emprendería unos diálogos de paz con las Farc, el trámite en el Congreso del Marco Constitucional para la Paz daba indicios de que se avecinaban unas negociaciones.

Este acto legislativo aprobado en 2012 también ha generado toda suerte de posiciones, y una de ellas es precisamente el punto que abre la puerta para que los miembros de la Fuerza Pública involucrados en  violaciones de derechos humanos se beneficien de penas alternativas.

“Una Ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo”, establece el artículo transitorio 66 de la norma.

Durante el debate en el legislativo, una de las reacciones fue el rechazo a este punto por considerar que promovía la impunidad entre los militares envueltos en graves crímenes. “Eso es abrirle la puerta constitucional a la ley de perdón y olvido que ha propuesto el vicepresidente Angelino Garzón y hace parte de toda una campaña para favorecer a los militares que han cometido delitos”, aseguró en su momento el representante a la Cámara Guillermo Rivera.

A pesar de la idea de que esta norma había sido una estrategia de los miembros de la fuerza para favorecerse penalmente, la postura de Bedoya deja ver todo lo contrario: “El Marco para la Paz fue un invento del Gobierno y las Farc para que los terroristas terminen siendo los ‘Robin Hood’ que están liberando a los colombianos de una opresión y de una dictadura. Eso hace parte de la estrategia de la desestabilización del país”.

Para Rafael Vergara, este marco constitucional debe adoptarse como una base para los acuerdos en curso, “no tomarlo como que se les están rindiendo a las Farc”.

20 años después

Hace más de dos décadas, luego de la firma de la paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19, se planteó la posibilidad de que los militares involucrados en la toma del Palacio de Justicia recibieran, así como los guerrilleros desmovilizados, los beneficios de un indulto. La propuesta llegó incluso al Congreso, pero nunca se hizo realidad.

Con la condena de 30 años de cárcel al general Alfonso Plazas Vega por su participación en la desaparición de 11 personas en la toma al Palacio de Justicia, resurgieron esas voces que clamaban que se había cometido una injusticia. El entonces presidente Álvaro Uribe lamentó el hecho asegurando que “una alianza criminal entre el narcotráfico y una guerrilla asesinó a la Corte Suprema de Justicia (…) ninguno de los actores criminales está en la cárcel”.

Ahora la puerta vuelve a abrirse para los militares involucrados en crímenes de guerra, y la historia parece repetirse, pues estos se niegan a “igualarse” al nivel de los guerrilleros. Vergara cree que “son circunstancias y condiciones distintas y tiempos distintos. Lo que es claro es que el posconflicto es un tiempo en el cual las sociedades acceden a respetar y aceptar al otro, no a señalarlo”.

La discusión seguirá dándose y, a pesar de lo que digan ambos bandos, los alcances de la justicia transicional dependerán de varias leyes estatutarias que resultarán de los acuerdos definitivos en La Habana. Pero la última palabra estará en manos de los colombianos, que votarían para refrendar lo que quede en el papel.

No es un tema en La Habana

En las últimas semanas ha surgido la teoría de que algunas facciones militares estarían disgustadas con el Gobierno actual por cuenta de su rechazo a los diálogos de La Habana. Incluso se habló de que decenas de militares retirados apoyan la candidatura de Óscar Iván Zuluaga.

A pesar de las declaraciones del fiscal Montealegresobre la posibilidad de darles algún grado de perdón a los militares culpables de graves crímenes, el Gobierno ha sido claro en manifestar que las Fuerzas Militares no son tema de negociación en las conversaciones.

“Están haciendo una guerra sucia, con rumores falsos (…) están diciéndoles a los militares que los van a reducir a su mínima expresión. A los policías les dicen que les van a quitar sus pensiones para dárselas a los guerrilleros”. Y reiteró su intención de “tratar de poner la historia como es”, aclaró el presidente Santos.