Una indagación en contra del juez de control de garantías que el pasado 16 de marzo les otorgó la libertad a dos personas que fueron capturadas con explosivos y que hoy están capturadas por su posible participación en el atentado del centro comercial Andino, abrió el Consejo Superior de la Judicatura.

Según dijo el magistrado Pedro Sanabria, presidente de la Sala Disciplinaria, “todo el mundo sabe que un explosivo es un problema terrible para la sociedad y más en estas épocas de mucho terrorismo, eso es lo que vamos a investigar y encontramos que la conducta es bastante grave por parte del juez tomaremos la decisiones pertinentes”.

El fiscal, Néstor Humberto Martínez, había denunciado que el pasado mes de marzo, su entidad le había pedido a un juez de control de garantías que enviara a la cárcel al presunto explosivista del Movimiento Revolucionario del Pueblo, que había sido detenido con explosivos, pero que el funcionario judicial se abstuvo de imponer la medida de aseguramiento al considerar que no se trataba de un caso de terrorismo.

De otro lado, los investigadores del ataque ocurrido el sábado 17 de junio en el Centro Comercial Andino, en un exclusivo sector de Bogotá, recaudan más pruebas para solicitar la recaptura de Iván Ramírez, alias El Talibán, quien fue detenido el fin de semana en Usme, pero dejado en libertad el lunes.

De acuerdo con lo que se conoce, al momento de ser detenido intentó comerse las pruebas, pero no alcanzó y ahora son parte del proceso en contra de sus compañeros de captura, a quienes ayer en el complejo judicial de Paloquemao les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado, la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento para mantenerlos detenidos mientras avanza el proceso.

En la USB que le no se pudo comer El Talibán, los investigadores encontraron planos, listados y datos que detallan su actividad, según la Fiscalía, relacionada con el resto de capturados y los atentados en Bogotá entre 2015 y 2017.

De otro lado, los familiares de las personas detenidas por este hecho, afirman que el proceso penal presenta inconsistencias jurídicas.

Néstor Julio Méndez, padre de la abogada Alejandra Méndez, señaló que “esta situación es tan ridícula que nosotros nos preguntamos si un terrorista necesita unos planos para poner una bomba en un lugar público y abierto”.

Añadió que “hablar de planos en este caso es una afirmación absurda y que confirma estás irregularidades penales, que no se demuestra si mi hija tenía planos del centro comercial Andino”.

Al mismo tiempo, el padre de la abogada Alejandra Méndez explicó que las inconsistencias aún persisten, cuando luego de 2 días de audiencias públicas no han permitido el ingreso a la sala de audiencias a los familiares de las personas investigadas.

Y, el presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, explicó que las entidades de orden nacional deben respetar las decisiones de los jueces quiénes son autónomos para definir la situación legal de un procesado.

“Generalmente los temas de terrorismo quiere conseguirse capturas, sin importar si son ciertas o no, en cuyos casos es mejor recaudar pruebas contundentes para dar resultados contundentes”, dijo.