La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le pidió al Gobierno de Nicaragua que cese de inmediato las intimidaciones y el acoso contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Bachelet le solicitó al Ejecutivo nicaragüense, mediante un comunicado de prensa, que deje de perseguir a “defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno”.
“Asimismo, insto a las autoridades a que respeten y garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses”, enfatizó la alta comisionada.
La expresidente chilena expresó su disposición de negociar con las autoridades nicaragüenses para que su oficina pueda volver a tener presencia en el país centroamericano y “asistir al Gobierno en su obligación de respetar y defender las garantías fundamentales de la ciudadanía”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua les quitó la personería jurídica a nueve organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos en las últimas semanas.
El principal argumento del Parlamento, de mayoría sandinista, al justificar el cierre fue que las organizaciones promovieron y facilitaron recursos que financiaron supuestos actos terroristas en Nicaragua.
Otro de los episodios que causó la reacción de la ONU fue los allanamientos ordenados por el Gobierno a los medios de comunicación independientes Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, perpetrados desde la noche del pasado viernes.
El Confidencial es uno de los medios que ha liderado las denuncias sobre actos de violencia que habrían sido impulsados por el presidente, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, contra los manifestantes en el marco de las protestas que se viven en el país desde mediados del pasado mes de abril.
La ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) situó en 545 la cifra de personas fallecidas en medio de la violencia que se ha vivido en las protestas hasta el pasado 20 de noviembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha confirmado la muerte de al menos 325 personas.
Las manifestaciones en Nicaragua fueron convocadas en rechazo a una reforma al seguro social promovida por el Ejecutivo. El Gobierno revocó la propuesta, pero las protestas continuaron y se transformaron en unas movilizaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega.