La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, confirmó en un informe que la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos en enero en Irak fue "ilegal" y "una ejecución arbitraria" y argumentó que Washington no ha aportado pruebas que justifiquen esta acción.

Soleimani murió el 3 de enero junto al 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Teherán--, Abú Mahdi al Muhandis, y varios milicianos iraquíes, tras lo que Irán atacó varias bases militares iraquíes con presencia de tropas estadounidenses.

Estados Unidos dijo tras el ataque que Solaimani planeaba ataques "inminentes", si bien días después el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que esto "no importa" debido al "horrible pasado" de Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

Por su parte, las autoridades iraquíes criticaron el bombardeo contra Soleimani y las FMP y recalcaron que esta coalición de milicias fue un elemento importante en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, lo que llevó al Parlamento a aprobar una moción pidiendo la explosión de las tropas estadounidenses.

Callamard sostuvo que "ante las pruebas presentadas por Estados Unidos hasta la fecha, el ataque contra el general Soleimani y la muerte de los que le acompañaban constituye una ejecución arbitraria (...) de la que Estados Unidos es responsable".

Así, indicó que el ataque "supuso una violación del artículo 2 de la Carta de la ONU con las insuficientes pruebas presentadas sobre un ataque inminente o en marcha", antes de reiterar que "no se han presentado pruebas de que Soleimani estuviera específicamente planificando un ataque inminente contra intereses estadounidenses, particularmente en Irak.

"No se han presentado pruebas de que un bombardeo de un dron en un tercer país fuera necesario o que el daño causado a ese país fuera proporcional al daño supuestamente evitado", manifestó Callamard en su informe.

En este sentido, recalcó que "no se han presentado pruebas de que no había tiempo para que Estados Unidos buscara ayuda de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU para hacer frente a estas supuestas amenazas inminentes".

Bombardeo "ilegal"

"Soleimani estaba al frente de la estrategia militar y las acciones de Irán en Siria e Irak, pero ante la ausencia de una amenaza inminente para la vida, las acciones adoptadas por Estados Unidos fueron ilegales", ha argüido.

Callamard lamentó además que "los bombardeos contra Soleimani y las bases estadounidenses en Irak provocaron muchas más víctimas que sus objetivos principales" y ha agregado que "176 pasajeros perdieron la vida cuando un misil iraní derribó su avión por 'error', según Irán, en medio del aumento de las tensiones".

Por ello, dijo que "el asesinato selectivo de Soleimani es el primer caso conocido en el que un Estado invoca la defensa propia como justificación para un ataque contra un actor estatal en el territorio de otro Estado".

"En este caso, el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos fue dirigido no sólo contra Irán, sino también contra Irak. Al matar a Soleimani en territorio iraquí sin obtener antes el consentimiento de Irak, Estados Unidos violó la integridad territorial de Irak", explicó.

Callamard agregó además que la justificación presentada por Washington "tiene el efecto de debilitar la distinción entre 'jus ad bellum' y 'jus in bello'", es decir, entre el derecho sobre el empleo de la fuerza y el derecho en la guerra.

"Si se permite que estas líneas se difuminen, los estados podrían apoyar la legalidad de sus actos eligiendo justificaciones a dedo de distintas esferas legales", sostuvo antes de pedir que "se mantenga una distinción clara entre 'jus ad bellum' y 'jus in bello'".

Implicaciones "desconocidas"

Por otra parte, reconoció que "las implicaciones totales del asesinato selectivo de un actor estatal con un dron en la conducta futura son desconocidas en este momento" y ha agregado que el incidente supone "trasladar la técnica clave de la llamada 'guerra contra el terrorismo' al contexto de las relaciones entre estados".

En esta línea, ha manifestado que el ataque contra Soleimani "fue claramente un ataque contra las Fuerzas Armadas de otro Estado, lo que descarta la posibilidad de que esto fuera un conflicto armado no internacional, que es definido por las hostilidades armadas internas".

Así, Callamard apunta que, pese a la "inusual" decisión de Estados Unidos de etiquetar a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista, el ataque seguiría sin estar justificado.

La relatora ha señalado que la decisión de Washington "abre la posibilidad a que Estados Unidos presente estos asesinatos como parte de su lucha contra Al Qaeda y sus afiliados", si bien destacó que sería "una afirmación anómala, dada la gran contribución de Irán en la lucha contra Estado Islámico".

"Si bien las ramificaciones de la designación de Estados Unidos (contra la Guardia Revolucionaria) no están claras, no se puede eliminar la realidad de que cualquier acción adoptada por un Estado contra Soleimani es una acción contra un representante de un Estado", concluyó.