Instrumento clave para luchar contra la pandemia porque permite restringir derechos como la movilidad, el estado de alarma concluye este domingo en España, un alivio para familias que viven en regiones diferentes y que podrán reencontrarse después de varios meses.

Pero el fin de este régimen excepcional, que ha brindado cobertura legal por seis meses a toques de queda o cierres perimetrales de regiones desde que fue aprobado en octubre por el Parlamento español, ha disparado la incertidumbre en los gobiernos regionales, responsables de la salud pública.

A partir del domingo, las regiones necesitarán la autorización de los tribunales para continuar aplicando estas medidas u otras usadas hasta ahora, como restringir el número de personas que pueden reunirse.

"Este gobierno no tiene ni idea de lo que es gestionar y al final los problemas se los pasa a las comunidades autónomas (regiones), y a partir de ahora dependeremos de la justicia para cerrar o abrir una ciudad, para establecer un toque de queda", se quejó en la radio pública Juan Marín, vicepresidente regional de Andalucía.

Al igual que lo han hecho otras comunidades o la oposición de derecha, Marín reprochó al gobierno del socialista Pedro Sánchez no haber ideado un plan b legislativo para evitar un nuevo caos jurídico con fallos contradictorios de tribunales, como el ocurrido luego de levantarse el primer estado de alarma vigente durante la primera ola de la pandemia.

Alegando que el estado de alarma no puede prolongarse indefinidamente, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó el miércoles que las regiones cuentan con "medidas suficientes para seguir atajando y manteniendo el virus a raya".

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Darias explicó que el país, uno de los más golpeados de Europa con casi 79.000 fallecidos y 3,5 millones de contagios, vive ahora una situación epidemiológica "diferente" y ya se beneficia del impacto de la vacunación, con un 27% de la población con al menos una dosis y un 11% con la pauta completa.

Para dar más garantías a las regiones, el gobierno aprobó un decreto para que puedan recurrir al Tribunal Supremo si las cortes regionales rechazan medidas.

A partir del domingo, "siempre hay este riesgo de que aumentar la movilidad conlleve un aumento de casos (...) y no poder disponer de toda la lista de acciones que permite el estado de alarma puede ser un problema", advirtió Salvador Macip, investigador en las Universidades de Leicester y Abierta de Cataluña, autor del libro “Las grandes epidemias modernas”.

"Hay la sensación de que ya no puede haber más rebrotes o picos porque estamos vacunando a buen ritmo y los casos han bajado", pero la situación sigue siendo "inestable" dice Macip, cuando, por ejemplo, la región de Madrid tiene un 42% de las camas de cuidados intensivos ocupadas con pacientes covid-19.

En previsión, las regiones preparan paquetes de restricciones, que incluyen algunas que no necesitan autorización judicial, como limitar horarios y aforo para la hostelería y los comercios. Varias de ellas, aunque descartan mantener sus fronteras cerradas, se disponen a acudir a los tribunales para prorrogar el toque de queda./