HORAS después de que por petición del presidente del Salvador, Nayib Bukele, el Congreso con  mayoría de su partido destituyera a cinco jueces del tribunal constitucional considerados opositores al gobierno al igual que del Fiscal General, tanto Estados Unidos como la OEA expresaron su preocupación por la concentración de poderes del mandatario.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken mantuvo una conversación telefónica con el presidente Bukele a quien le expresó la "grave preocupación del Gobierno de Estados Unidos por la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, destacando la importancia de una justicia independiente, esencial para la democracia", ha informado el Departamento de Estado norteamericano en un comunicado.

Blinken ha manifestado "la misma preocupación" por la destitución del fiscal general de la nación, Raúl Melara, "quien está combatiendo la corrupción y la impunidad y es un compañero eficaz en la lucha contra el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador".

El máximo responsable diplomático norteamericano manifestó el compromiso de su país con la "mejora de las condiciones" en El Salvador, incluido el "refuerzo de las instituciones democráticas y la separación de poderes".

Igualmente mencionó la "libertad de prensa, una sociedad civil vibrante y el apoyo al sector privado, que depende de la seguridad jurídica para que el pueblo salvadoreño tenga un futuro de éxito".

En la primera sesión plenaria, la diputada y vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, ha sometido una solicitud de dispensa de trámite para discutir la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que finalmente ha obtenido la luz verde de la cámara con 64 votos, todos oficialistas.

Los magistrados Luis Javier Suárez, Héctor Naúm García, José Ángel Pérez, Elsy Dueñas Lobos y Óscar Alberto López Jérez fueron propuestos para sustituir a los titulares hasta el momento -José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento-. También se ha destituido a los suplentes.

Los argumentos esgrimidos por la nueva Asamblea de mayoría oficialista han sido, en su mayoría, las decisiones que tomó la sala en relación a cuestiones de la pandemia, como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de varios decretos ejecutivos, violando presuntamente la Constitución.

No obstante, tras la decisión de la Asamblea, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que declara como inconstitucional la deposición de los jueces.

A pesar de esta sentencia de ilegitimidad de la decisión, la nueva Asamblea juramentó a los nuevos jueces.

Después de esta serie de medidas en referencia a la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa pidió la destitución del fiscal Melara, justificando que es una decisión que "corresponde a sus evidentes actuaciones y decisiones con claras motivaciones políticas, lo que pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad".

Posteriormente eligió como nuevo fiscal general a Rodolfo Delgado.

Por su parte la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que "en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos".

Y recordó que "el más pleno respeto" al Estado de Derecho democrático es "esencial". "Las mayorías parlamentarias y la acción de Gobierno deben fortalecerlo permanentemente con diálogo político para el mejor funcionamiento de la democracia", agregó, subrayando que "las acciones que lleven a su erosión y a la cooptación del poder judicial solamente conducen a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política".