Medidas para descongestionar la carga procesal del Consejo de Estado viene adoptando el alto tribunal, con más de 31 mil procesos represados, dijo el magistrado Jorge Octavio Ramírez, presidente de este tribunal de Justicia.  Asimismo recomendó que el tribunal de aforados no sea de carácter permanente, sino que se cree un tribunal ad hoc, teniendo en cuenta que un tribunal permanente tendría alta carga fiscal y solo para 72 aforados.

 

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está hoy la carga procesal del Consejo de Estado?

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ: Es bastante preocupante, podemos decir que al 31 de diciembre de 2016 terminó con un inventario de 31 mil procesos represados, problema que se agrava en tres años del Consejo de Estado, o mejor que se concentra en estos tres años, en la Sección Primera, en la Sección Segunda, y en la Sección Tercera, en eso venimos adelantando algunas medidas internas, estamos adelantando ciertos programas internos, con la finalidad de poder establecer algunas políticas de descongestión.

ENS: ¿El tribunal de aforados sí es la panacea que se está vendiendo en materia de juzgamiento eficaz y transparente de los magistrados y altos funcionarios?

JOR: Desde el año 2014 ha estudiado ese tema e incluso en su momento planteó varias alternativas, una podía ser el tribunal de aforados, otro un tribunal especial, también hemos hablado de un tribunal de ética, un tribunal disciplinario, de rediseño del modelo actual que supondría solo en la comisión de Acusaciones el levantamiento del fuero. Nosotros lo que hemos considerado es que no es necesario que el tribunal sea permanente, no solamente por razones fiscales, sino porque para crear un órgano de carácter permanente se debe mirar quiénes son los destinatarios y cuáles son las conductas. Una de las críticas que se le hace al tribunal permanente es que no se justifica crear un tribunal para 72 personas. Lo que hemos planteado es que se cree una especie de tribunal ad hoc, ese podría ser un mecanismo de control.  

Observaciones

ENS: ¿Le gusta cómo va quedando la jurisdicción electoral en el proyecto de reforma política que cursa en el Congreso?

JOR: Creemos que el Gobierno y el Congreso tuvieron en cuenta nuestras observaciones, y en materia de funciones jurisdiccionales mantuvo la competencia del Consejo de Estado, rediseñó en su momento en el proyecto lo que es la organización electoral, fundamentalmente en el Consejo Nacional Electoral que era algo que sí tenía conexidad con el acto legislativo sobre el fast track y trae otros proyectos de norma. Pero en lo que tiene que ver con los aspectos que nosotros observamos, podemos decir que el Gobierno oyó nuestras recomendaciones, otras no, pero en general podemos decir que en esa materia fuimos bien escuchados.   

ENS: ¿No hubiera sido mejor dejar que el Consejo Nacional Electoral quedara como única Corte en el tema, quitándole esa función al Consejo de Estado?

JOR: Una de las razones por las cuales nosotros hicimos esa observación radicaba en lo siguiente: un juez tiene que gozar de dos garantías que son fundamentales, independencia e imparcialidad para garantizarle precisamente a los ciudadanos que un tercero sin ningún interés le va decidir el asunto y eso supone que debe ser un órgano que esté abstraído de ese tipo de cuestiones. Es lo que pasaba con el Consejo Nacional Electoral que tiene origen político, por eso considerábamos que no era conveniente y que además no guardaba relación con las facultades del fast track ese tipo de modificaciones, naturalmente si el constituyente dentro de sus competencias lo quería hacer, para eso tenía los procedimientos de reforma legislativa o constitucional ordinaria, no del fast track, pero además la independencia la garantizaba un órgano jurisdiccional. Paradójicamente los más efectivos del Consejo de Estado que era la Sección Quinta, la querían eliminar. 

Discusión

ENS: ¿Qué otro tema encontraba?

JOR: Otra discusión era la multiplicidad de órganos de cierre, o uno solo o había que buscar un justo medio en esas dos propuestas. Pero lo que sí no nos parecía conveniente por esas razones era la creación de otra Corte con funciones jurisdiccionales en esa materia.   

ENS: Los críticos de los procesos de pérdida de investidura e investigaciones por fraude o anomalías electorales en el Consejo de Estado sostienen que las causas demoran mucho tiempo, e incluso se falla cuando el parlamentario ya dejó la curul ¿qué responde?

JOR: Es cierto que en muchos casos los términos constitucionales que son de 20 días no se han cumplido, pero lo primero que debo decirle es que hay que reevaluar si un término de 20 días concilia la rapidez de pérdida de investidura con los derechos a las partes involucradas en el proceso. Si el denunciante pide pruebas muchas veces el juez se encuentra en la disyuntiva, o cumplo el término o practico las pruebas para determinar la verdad. Algunas de esas dificultades se presentan por orden interno lo que tiene que ver con la discusión de los proyectos en sala plena del contencioso administrativo.  En ese punto concreto el Consejo de Estado ya reformó el reglamento para que la discusión y la deliberación por parte de la sala plena del contencioso administrativa fueran más ágiles y más expeditas. Esa reforma  al reglamento comienza a regir a partir del primero de enero, y creemos que ese tipo de problemas, esas dilaciones se solucionan.

Temas de reforma a la Justicia

ENS: La desconfianza de la ciudadanía en la justicia es muy alta tras los recientes escándalos de corrupción, ¿cómo recuperarla si como se dice popularmente, hasta se corrompió la sal?

JOR: Usted tiene razón, es una cosa que nos avergüenza y nos duele los hechos a que usted se refiere, pero además de esa vergüenza es una gran preocupación, y esa preocupación radica en una pérdida de desconfianza del ciudadano en sus jueces. Porque si el ciudadano pierde la confianza en sus jueces, eso lo que puede llevar es al desquiciamiento o la desaparición del Estado democrático, el ejemplo de pérdida de confianza en las instituciones que ha llevado a ese caos, por eso es una gran preocupación.

 

"Una de las críticas que se le hacen al tribunal permanente es que no se justifica para 72 personas crear un tribunal”

ENS: ¿Qué se ha hecho para recuperar la confianza en la ciudadanía?

JOR: Para nosotros lo más importante es que el ciudadano sepa qué es lo que nosotros hacemos, porque cuando uno sabe qué es lo que hacen por uno sus jueces, defiende sus jueces, y en eso creemos que el Consejo de Estado tiene una deuda con la sociedad, con la ciudadanía, y tiene una deuda porque no ha dado a conocer la importancia que tiene el Consejo de Estado y el contencioso administrativo para el ciudadano.   La confianza de la ciudadanía es como un cheque en blanco, si no hay fondos para cubrir después es muy difícil de recuperar esa confianza.   

La ética

ENS: ¿Hay una crisis ética en la justicia o en todo el país?

JOR: Creo que la pérdida de confianza en las instituciones es generalizada. Yo creo que es una verdad de apuño, me parece que esa pérdida de confianza en todas las instituciones obliga a un trabajo de reflexión por parte de todos los que hacemos parte de las instituciones públicas y privadas para tratar de establecer cuáles son las causas, pero más que los problemas de corrupción, y a esos problemas éticos que se han generalizado pero haciendo la distinción porque en lo que tiene que ver con la rama judicial, si bien han visto comprometida su conducta, lo cierto es que le ha hecho un gran aporte al país en relación con el respeto de las instituciones, y una gestión proba y digna.    

ENS: Se firmó un nuevo pacto para reformar la justicia. ¿No cree que es un esfuerzo tardío, sobre todo con un Gobierno y un Congreso al que le restan menos de nueve meses para salir del poder?

JOR: Creo que la importancia de ese pacto para reformar la justicia consiste en que todos los actores que tienen que ver con ello van a participar en una reforma meditada, ponderada, prudente y por las vías constitucionales que sean indispensables, porque para nosotros una de las razones por las cuales ha fracasado la reforma es que precisamente no han participado en ella todos los actores. Pero además esa reforma nos obliga a las cortes a determinar qué es lo que se debe hacer. Hay acciones a corto, a mediano y largo plazo, que dependerán de reformas constitucionales, de reformas de tipo legislativo, donde seguramente se necesitará concurso del Gobierno y del Congreso    

Politización

ENS: ¿En medio de la campaña no se corre el riesgo de que la reforma judicial se politice o, peor aún, dé lugar a populismos reformistas?

JOR: La época preelectoral como usted dice puede afectar cualquier tipo de reforma de esa naturaleza y en eso estamos conscientes. Pero además existen otra serie de reformas a corto plazo que se pueden hacer por vía interna, o por mecanismo de autorregulación de las altas Cortes que apuntarían a ese objetivo, sin dejar anotar que lo que se busca es que se empiecen a estudiar las posibles soluciones, a elaborar los proyectos respectivos para que en el momento oportuno se pueda presentar a consideración del Congreso. 

ENS: ¿Esa nueva reforma a la justicia debe ser tramitada por el Congreso, una constituyente limitada a justicia o por la vía del referendo?

JOR: Nosotros siempre hemos dicho que lo importante no es el cómo se van hacer las reformas, sino qué es lo que se va a reformar, que primero nos debemos poner de acuerdo sobre aquello de lo que hay que reformar y después miramos cuál debe ser el mecanismo. Y esa fue una de las premisas de la conversación en San Juan de Pasto y lo que siempre ha sostenido el Consejo de Estado. 

ENS: 25 años de la Carta del 91 y nada de la reforma a la justicia. ¿Por qué esta vez sí debe confiarse en que esa reforma saldrá avante?

JOR: Desde la reforma constitucional de 1968, si mi memoria no me falla, se habla siempre de reforma a la justicia y crisis de la justicia, incluso podría decirle que en épocas anteriores al año 68 siempre se habló de reforma. Uno de los abanderados era precisamente el doctor Álvaro Gómez Hurtado, siempre se ha hablado de la crisis de la justicia, y eso tiene su explicación en que su órgano judicial es un elemento esencial en la estructura de cualquier estado democrático y en la solución de las controversias de los ciudadanos. Hay un hecho que agrava esa discusión que es indiscutiblemente las conductas que han dado origen a esta crisis judicial en lo que tiene que ver con las altas Cortes.    

 ENS: Cooptación interna, postulación intercortes, postulación del Ejecutivo y elección del Congreso… ¿Cuál es el mejor mecanismo para seleccionar a los magistrados?

JOR: En eso no tenemos aún una idea definitiva, pero ese es uno de los aspectos que debemos entrar a estudiar, y es uno de los puntos a abordar en esas mesas de trabajo por la reforma a la justicia, cómo debe ser la selección de los magistrados de las altas Cortes, y generar la selección de los servidores judiciales. En ese punto debemos hacer una gran reflexión.  

ENS: En Estados Unidos los magistrados son vitalicios y llegan al cargo tras más de 50 años. ¿No debería pensarse en algo similar en Colombia?

JOR: También venimos reflexionando sobre ese punto, lo que sí tenemos muy claro es que cualquier ampliación del periodo o volver vitalicio el cargo de magistrado de una alta Corte, debe ser para aquellos que lleguen con posterioridad a la adopción de ese tipo de reformas, nunca hemos considerado que a los magistrados actuales se nos deban ampliar, ni los periodos, ni la edad de retiro forzoso.  

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