El fallo de la Corte Constitucional rechazó dos apartados del Acto Legislativo para la Paz, una iniciativa aprobada en diciembre para facilitar el desarrollo normativo del acuerdo.
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El gobierno pidió la nulidad del fallo del máximo tribunal constitucional del país que en mayo avaló cambios en las leyes para implementar el acuerdo con la guerrilla Farc, que busca superar medio siglo de conflicto armado.
"Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la nulidad de la sentencia C-332 de 2017, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional el pasado 17 de mayo de 2017", explicó Juanita López, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en una carta dirigida al tribunal divulgada este viernes por medios locales.
López se refirió a un fallo de la Corte Constitucional en el que rechazó dos apartados del Acto Legislativo para la Paz, una iniciativa aprobada en diciembre para facilitar el desarrollo normativo que permita aplicar el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alcanzado tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
En su fallo, la Corte decidió que los proyectos de ley para la paz no son intocables y determinó que tampoco se pueden votar en bloque en el Congreso.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado argumentó varias violaciones al debido proceso, entre ellas que uno de los cinco magistrados -en el alto tribunal son nueve- que apoyó la decisión "se encontraba materialmente en una situación de posible impedimento que debía resolverse previamente, y por ende no estaba habilitado para fallar".
También que hubo un "cambio injustificado del precedente", porque según el gobierno la Corte venía considerando que las votaciones en bloque, así como restringir "únicamente" al Ejecutivo la posibilidad de hacer modificaciones a los proyectos de ley relacionados con el pacto de paz, "no vaciaba de contenido ni sustituía la función legislativa", como lo sostuvo el tribunal en su fallo de mayo pasado.
Además, reclamó "ausencia de deliberación suficiente" porque uno de los magistrados que votó a favor de la sentencia "se posesionó tan solo un día antes de fallarse la demanda" en contra del acto legislativo, interpuesta por un senador del derechista y opositor Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe.
Tanto el gobierno como las FARC, principal y más antigua guerrilla del continente, han deplorado la sentencia, que consideran dificulta la implementación del acuerdo.
El acto legislativo establece un mecanismo de vía rápida ("fast track") que permite reducir el número de debates para la validación de las normas relacionadas con el pacto con las FARC.
Bajo esta normativa, el Congreso aprobó leyes catalogadas como fundamentales por el gobierno, como la de amnistía e indulto para los rebeldes señalados de delitos políticos y la participación política de guerrilleros.
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