Consejo de Estado determinó que el Estado es responsable de reparar a las víctimas de los atentados terroristas que cometió el narcotráfico contra las instituciones gubernamentales a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

El pronunciamiento lo hizo el alto tribunal al estudiar una demanda que alegaba la indemnización por parte del Estado en un atentado con carro-bomba que ocurrió en febrero de 1991 en Medellín y que dejó dos personas muertas.
 

Los familiares de las víctimas pedían pero el alto tribunal les concedió una indemnización por más de $200 millones.