PENSAR QUE en Colombia no existe el reproche social y posterior castigo por la desatención, abandono o crueldad contra los animales, es una equivocación de grandes proporciones.

En el país opera una ley que se promulgó hace más de 50 años y que muchos no conocen. Para entenderla, EL NUEVO SIGLO conversó con Juan Miguel Torres, fiscal coordinador en delitos sobre esta materia e integrante del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma).

Para iniciar, explica el funcionario que en el país “rige la ley 1764 del 6 de enero de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes, otorgándoles una protección especial”. Su experiencia en la Fiscalía lo llevó a encarar la dirección del Gelma y lo comprometió con el bienestar de los animales desde su perspectiva profesional y personal.

Esa unidad de investigación inició trabajos a finales de 2019, a raíz de la gran cantidad de denuncias que llegaban a las autoridades. “Mediante la Resolución 01455 se creó el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, con el fin de darle una protección especial a los animales. Para ello, la mayoría de personas que trabajan en la unidad, es decir, fiscales, investigadores y demás funcionarios, vienen con una experiencia mucho anterior al 2016, elegidas porque son personas empáticas con estos temas, excelentes profesionales, abogados especializados en derecho penal y adicionalmente se han venido capacitando en la temática de maltrato animal”.

Inquietudes

Una de las inquietudes es saber cómo se puede ver afectado un fiscal o investigador cuando se encuentra con agresiones que sobrepasan la extrema violencia, detalles tan escabrosos que son inenarrables porque se trata de una realidad a la que deben enfrentarse a diario.

“Nosotros estamos preparados y aunque hemos trabajando en otras unidades, como homicidios, delitos sexuales, entre otras, los hechos que son aterradores por lo general para la sociedad se abordan desde la acción penal. Obviamente nos causa profunda tristeza la crueldad hacia los animales, pero nuestro deber en función es investigar y llevar ante los jueces a los sujetos responsables de cometer muerte o atentar contra la integridad física y emocional de estos seres vivos, y creo que una persona que sea muy animalista se le complicaría mucho este tipo de trabajo. Por lo general, acá somos empáticos con los animales, pero también debemos tener una coherencia y ser objetivos”, manifestó.

Pero, cuán objetivo se puede ser si la víctima es alguien que no puede expresar el dolor que está sintiendo, el temor por recibir golpes; cuando no entiende las razones por las cuales es menospreciado. Porque en muchas ocasiones Juan Miguel Torres y su equipo no solo quedan marcados por lo que ven, sino también por las afectaciones a la víctima.

“Hay casos que se le quedan a uno para siempre en la retina. Por ejemplo, yo vengo siendo fiscal en esta unidad hace aproximadamente cinco años y he conocido muchos casos aberrantes que siempre tengo presentes por la crueldad con la que realizaron los hechos estas personas, buena parte de esa violencia se la llevan las mascotas, perros y gatos. Entonces, también uno queda golpeado por el caso, pero con la satisfacción de que en la mayoría de esos procesos los agresores han sido condenadas por lo que hicieron y permanecen detenidos. Desafortunadamente, esas huellas de maltrato son muy complicadas de borrar, tanto para los animales, como para nosotros", asegura.

Las advertencias

Acostumbrados y con la piel curtida ante lo que ocurre, este grupo profesional advierte que las consecuencias actuales por atentar contra la integridad o la vida de los animales son, además de la detención, el pago en dinero de los daños causados y ahora las autoridades castigan con severidad la tenencia de animales silvestres por parte de particulares.

“La ley colombiana contempla como delito la afectación ambiental y el atentado contra los recursos naturales; y castiga adicionalmente el maltrato animal por atentar contra la vida, la integridad física y emocional. Es decir, que el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, como tener un animal silvestre en casa, como loras, guacamayas o tortugas, es un delito. El tráfico de especies exóticas como pogonas, culebras de diferentes categorías, erizos africanos y una infinidad de animales que creemos ingresan al país de manera ilegal, es motivo de proceso penal”, dijo.

Cuando estos funcionarios entran en acción, logran determinar que en algunos casos el atacante estaba influido por sustancias alucinógenas cuando cometió el delito, pero la mayor preocupación de la unidad son los ataques de personas con trastornos mentales que terminan investigadas.

“Algunas personas tienen problemas mentales y ocasionan la agresión argumentando estas enfermedades, pero en otros casos los hechos ocurren cuando el atacante está bajo la influencia de drogas ilícitas. Sin embargo, sí hay mucha gente que tiene unos problemas psicológicos graves y por eso terminan detenidos. Por ejemplo, recientemente tuvimos un caso de un hombre que fue detenido y procesado por cometer actos sexuales contra su mascota, y para procesarlo fue necesario hacer una valoración por medicina veterinaria del animal y por especialistas en conductas de los animales, quienes determinaron que ese animal tenía unas afectaciones graves de tipo emocional y con estos conceptos logramos la condena contra el sujeto”.

Actualmente, la Fiscalía continúa atacando los actos delictivos contra el medio ambiente y los animales, pues el grupo de investigadores tiene bajo la mira a personas que realizan de manera ilegal actividades de caza y pesca. “Estamos combatiendo la pesca ilegal, la caza ilegal y la sevicia contra animales que habitan en entornos naturales”.

Como parte de los avances en esta estrategia, el Gelma ha obtenido resultados resaltables en cuanto a la cantidad de personas detenidas por maltrato o por atentar contra el medio ambiente.

“Hemos recibido más de 8.980 denuncias, lo que significa que todos los días en Colombia hay casos de maltrato animal, ya que aún existe mucha crueldad. Se han realizado más de 700 audiencias de imputación, alcanzamos más de 200 sentencias condenatorias, con penas de prisión que van de 1 a 3 años, e incluso hubo personas condenadas a más de 3 años de cárcel por la gravedad de los hechos, aunque aún tenemos activos 2.300 casos, muchos de ellos se encuentran en etapa de juzgamiento”.

Finalmente, Juan Miguel Torres señaló que son varias las entidades gubernamentales que atienden denuncias por maltrato animal, aparte de la Fiscalía General de la Nación, e invitó a la ciudadanía a denunciar los casos cuando ocurren y no esperar a que terminen con actos graves para darlos a conocer ante las autoridades.