Por medio de una sentencia, la Corte Constitucional solicitó a la Fiscalía y al Ministerio Público que investigue las órdenes que emitió un juez de Lorica autorizando pensiones excesivas a maestros.
 

Los montos de las retribuciones económicas que iban a ser entregadas a los docentes de ese municipio del departamento del Cesar superan los 4 mil millones de pesos.
 

De la misma manera, el alto tribunal hizo extensiva una solicitud a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, órgano que será eliminado por acuerdo entre el Gobierno y las Cortes, para que determine si el juez civil cometió irregularidades al emitir las órdenes de pago sin tener en cuenta el concepto de la Fiduciaria Previsora S.A., que se encarga de administrar las pensiones del magisterio.
 

“Deben acatar sus términos, tal como en el caso concreto sucedió con las resoluciones mediante las cuales fueron inicialmente reconocidas las respectivas pensiones de jubilación que, se reitera, cumplieron el trámite de aprobación por la sociedad fiduciaria”, expresa el texto en un aparte.