Hoy comienza el vía crucis del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, con el Concejo de la ciudad porque se inicia el estudio del proyecto del Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años, y como no tienen participación en la Administración las diferentes bancadas la situación es complicada.
Mientras que las dos anteriores administraciones, Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno Rojas, tuvieron en sus manos a los concejales y por supuesto les aprobaron la mayoría de proyectos, para la de Antanas Mockus Sivickas las circunstancias fueron parecidas al momento que vive hoy la ciudad con la clase política.
La gran diferencia entre Mockus y Petro es que el profesor, a sabiendas que el Concejo no le aprobaría los proyectos, su principal derrotero de su plan de gobierno, como fue la cultura ciudadana, no dependía de los recursos que le aprobara la Corporación; pero el alcalde Petro Urrego sí espera que le aprueben un endeudamiento por 4,8 billones de pesos.
En efecto, hoy a las dos de la tarde, el Mandatario capitalino radicará el proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas “Bogotá Humana”.
En este sentido, en un documento técnico la Veeduría Distrital indica que el proyecto no establece para todos los temas estratégicos cuáles son los pactos o acuerdos de corresponsabilidad que se requieren para hacer efectivo lo proyectado en el Plan. La coherencia con los referentes de modelo de ciudad depende en gran medida de la concertación realizada con los diversos actores (organizaciones, ciudadanía, nación, entre otros).
Plantea la Veeduría que un tema neurálgico, por ejemplo, es la revitalización urbana. En el artículo 49 se enuncia alianzas público privadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura, pero en la meta las alianzas están orientadas a promover el desarrollo económico y social sin establecer intervención puntual en infraestructura y los aportes del sector privado.
También se ejemplifica esta limitación en el proyecto de recuperación del río Bogotá, que requiere de la acción conjunta de varios municipios pero no se proyecta un acuerdo al respecto.
“En movilidad, más que enfocar el tema en una visión de ciudad se limita definir acciones puntuales, como por ejemplo, menciona la construcción de dos muevas troncales del sistema Transmilenio, el metro ligero y pesado, la puesta en operación del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), el estímulo a los modos no motorizados y la construcción de un cable aéreo. Sin embargo, no explicita la política que viabilizará la articulación de los mismos, al punto que omite mencionar el Plan de movilidad- PMM (Decreto 319 de 2006) vigente, desconociendo los mandatos y responsabilidades contenidos en el ese Plan y otras normas Distritales que imponen la obligación de integrar al SITP el transporte individual (taxis) y complementarlo con las redes de intercambiadores modales, estacionamientos y peajes”, indica el documento de la Veeduría Distrital.
Sobre el espinoso tema de la solución habitacional, el proyecto del Plan de Desarrollo reconoce que Bogotá además de mantener déficit de vivienda para los sectores de menor ingreso y población desplazada, no ha desarrollado VIP (Vivienda de Interés Popular), razón por la que define metas de construcción en el centro tradicional y ampliado y en los bordes de la ciudad. No obstante, se ha evidenciado que la no generación de suelo urbano ha hecho que el costo de la VIP sea alto y el monto de subsidio insuficiente para una población que tiene poca posibilidad de adquirir crédito”, indica la Veeduría.
Este factor lleva a la Veeduría Distrital a proponer:
1. Que las metas de vivienda, especialmente VIP, se examinen a la luz de las fuentes financieras y de la capacidad de ingreso de los beneficiarios potenciales
2. Que se identifiquen con mayor precisión los sitios del centro tradicional y ampliado como de los bordes, en los que la Administración puede generar suelo disponible para VIP
3. Que la Administración coordine política de vivienda y metas con el Gobierno nacional, más cuando éste está proponiendo que en los 2 años próximos construirá en todo el país 100.000 viviendas sociales sin costo alguno para los beneficiarios sin definir el porcentaje de esa meta para el caso de Bogotá
4. Que la Administración defina procedimientos para adjudicación de VIP así como, aportes que espera de sectores comunitarios y del privado.