Después de mucha expectativa no pasó mayor cosa con el plebiscito. Salió de la Corte Constitucional prácticamente en los mismos términos en que había entrado para su control legal. De modo que ni las opiniones emitidas en la audiencia pública, ni los varios documentos enviados por los ciudadanos, modificaron los criterios gubernamentales y parlamentarios formalizados en el proyecto de ley. Que, sometidos a revisión, fueron a su vez acreditados por la corporación casi integralmente y a dos votos de la unanimidad. Ningún problema.
Así la refrendación de los acuerdos de La Habana tiene a mano una figura jurídica hecha a la medida y con todos los visos reglamentarios. Solo falta, claro está, la firma del acuerdo final pues lo aprobado por la Corte se refiere a una mera expectativa y a un instrumento todavía pendiente del contenido completo de lo que se va a refrendar. Es decir, entre otros, las curules para las Farc y la composición del tribunal de justicia en sus elementos nacionales e internacionales. De suyo, ha hecho carrera la tesis fomentada por el Gobierno de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, por lo cual habrá que esperar el documento integral que señale el finiquito de las negociaciones y cubra los temas aplazados y por convenir.
En todo caso el asunto, tal y como quedó el plebiscito, no es muy difícil, ni de grandes cifras. Puede el Gobierno conseguir el aval de tan solo cuatro millones y medio de ciudadanos (13 por ciento del censo electoral), que deben votar Sí y de ahí para arriba darse por satisfecho con el resultado. Buscará, por supuesto, conseguir el mayor número de votos, puesto que se trata de pasar a la historia, revertir las encuestas y reclamar un sitial al que ningún otro presidente, en los tiempos recientes, ha llegado. Con el trofeo de la desmovilización de las Farc luego de 50 años de infructuosos intentos subversivos, 25 de los cuales se afianzaron particularmente en el terror y el narcotráfico, se elimina uno de los grandes depósitos rutinarios y anacrónicos de violencia en el país. De esta manera es de presumir que buena parte de la periferia nacional, donde en su gran mayoría actuaban las Farc, quede libre de la coyunda terrorista y pueda incorporarse el Estado debidamente, como garante de la justicia, el bienestar ciudadano y el desarrollo económico. Nada se habría hecho, por supuesto, si el proceso de La Habana simplemente significa un cambio de camisetas y una oxigenación para otros animadores de la violencia.
El hecho concreto es que la Corte Constitucional optó, antes que por una jurisprudencia amplia y exhaustiva que comprendiera al plebiscito en general, por una específica y extraordinaria referida “al plebiscito por la paz”. A partir de esto, antes de entrar en grandes discusiones, prefirió no ser obstáculo de ninguna índole y permitir, bajo unos requisitos mínimos, que sea el pueblo el que decida sin mayor rigorismo constitucional, tanto como que admitió un exiguo umbral aprobatorio y se desprendió del umbral de participación que corresponde a todas las demás figuras democráticas atribuidas al constituyente primario. La Corte no entró en homologaciones o en la hermenéutica jurídica que significara ir más allá de lo que se tenía decidido de antemano: no ser factor de polémica o de división.
Así, la Corte salvó cualquier responsabilidad en la materia o ser el chivo expiatorio de las otras ramas del poder público, como acaba de suceder con la caída de la reforma de “equilibrio de poderes”. Ante lo último, trataron de deslegitimarla por no haber sido aquiescente con el binomio Ejecutivo-Legislativo y en esta ocasión, al pronunciarse sobre el plebiscito, prefirió darle curso a los acontecimientos y dejarlos para su definición en la arena política. De tal modo, no tendría reproche alguno el Gobierno ni las mayorías parlamentarias frente a la conducta seguida por la Corte. Otra cosa, posiblemente, será el control constitucional del Acto Legislativo complementario del plebiscito.
Se cuidó la Corte, por su parte, de ser perentoria en que el certamen es sobre los acuerdos de La Habana y nada más. De modo que deberán explicarse exhaustiva y racionalmente los compromisos, con base en una campaña pedagógica, desestimando recurrir al partidismo o a las jefaturas políticas. Lo que de todas maneras será sobrepasado y se va a dar. De resto el plebiscito, como entró igual salió del control constitucional. Ahora cada ciudadano podrá optar por el Sí, el No o la Abstención, según lo dicte su consciencia. La democracia da esa oportunidad para todos.