La llegada a Colombia el próximo mes de los representantes de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyo mandato es el que permite la vigencia de la Misión de Verificación de la implementación del acuerdo de paz en nuestro país, tiene tres retos.

El primero, y más obvio, es ir más allá del mero aspecto protocolario. Es evidente que el Estado colombiano debe agradecer la importancia de que la que es considerada como la instancia más poderosa del planeta lleve tantos años prestando apoyo y haciendo monitoreo al cumplimiento de lo pactado con la guerrilla de las Farc en 2016.

En segundo término, resulta claro que la implementación del acuerdo de paz, que está constitucionalizado, ha tenido más bajas que altas. El crucial capítulo de tierras es el más retrasado, al tiempo que los informes de la Procuraduría, Contraloría y otros entes de control advierten graves falencias en el cumplimiento de otros aspectos clave del pacto, señalando que los plazos no se cumplirán.

Si bien es cierto que periódicamente la misión presenta un informe al Consejo de Seguridad y que allí se ponderan los avances y se alerta sobre los flancos más retrasados, dichos diagnósticos no han tenido mayor efecto a la hora de acelerar la implementación, superar los cuellos de botella presupuestales, así como de exigir de los gobiernos de turno mayor compromiso y voluntad de gestión.

El tercer reto resulta el más importante. Se refiere a que el Consejo de Seguridad haga un balance muy realista del cumplimiento de la contraparte en el acuerdo de paz. Hoy quedó claro que una parte sustancial de las Farc nunca se desmovilizó y que otra fracción que sí lo hizo, luego terminó reincidiendo en el delito. También es innegable que los compromisos de la cúpula desmovilizada para aportar verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a las víctimas del conflicto armado, que se supone eran la prioridad de la negociación, no se han cumplido. Los bienes entregados fueron pocos e insuficientes. Tampoco hay una condena en firme de la justicia transicional contra sus cabecillas por los miles de delitos de lesa humanidad y guerra cometidos.

El Consejo de Seguridad debería llamar la atención en torno a que el objetivo primario del pacto con las Farc sigue en vilo: el conflicto no se acabó, hay un reciclaje de los actores violentos, sigue la racha de asesinatos de líderes sociales, al tiempo que repuntan masacres y homicidios, entre otros delitos de alto impacto.