- La inexplicable soledad del Grupo de Lima
- Pasividad internacional favorece dictadura
La única forma de forzar una salida del poder del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela es que la comunidad internacional lo continúe aislando lo más posible. Mientras ello no ocurra, el chavismo siempre encontrará válvulas de escape para esquivar o neutralizar la creciente presión de los gobiernos democráticos. La pasividad de buena parte del concierto de las naciones frente a la crisis política, económica, social, institucional y de derechos humanos en la que se hunde ese país por cuenta de un gobierno anacrónico, ilegítimo y violento, no hace más que perpetuar el sufrimiento de millones de sus habitantes.
Cuesta entender cómo en la antesala de la tercera década del siglo XXI algunos Estados democráticos se escuden en una interpretación equívoca del principio de no intervención en asuntos internos y soberanos de otro, para tratar de justificar su postura ‘neutral’ frente a la tragedia venezolana.
¿Acaso romper el orden democrático y constitucional es una acción que puede considerarse como un ‘decisión soberana’? ¿Desde cuándo una política oficial que encarcela, desaparece o asesina a los opositores puede cobijarse eufemísticamente como ‘asunto interno’? ¿Cómo es posible que dentro de la muy madurada jurisprudencia del derecho público internacional algunos gobiernos consideren que acatar el mandato de ‘no intervención’ signifique presenciar de forma inmóvil, casi cómplice, una tragedia humanitaria que tiene a millones de personas pasando hambre, huyendo por todo un continente, sometidos a una inflación superior al millón por ciento y muriendo de enfermedades tropicales que se creían erradicadas? ¿En qué punto específico la premisa de la ‘autodeterminación de los pueblos’ se convirtió en una patente de corso para que la comunidad internacional no pueda hacer nada cuando un gobierno anula o coopta todos los poderes públicos, reemplazándolos por instituciones títeres y amañadas que legalizan las más graves afrentas institucionales y crímenes de lesa humanidad?
La respuesta obvia a todos esos interrogantes es lo que lleva a preguntar cómo es posible que sólo un puñado de naciones, reunidas en el llamado “Grupo de Lima”, tenga una posición tan férrea e inamovible contra el cuestionable gobierno venezolano, mientras que el resto de la comunidad internacional, si bien condena la dictadura y le ha aplicado algunas sanciones políticas, diplomáticas y económicas, no se decide a sumarse a las tesis de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, en torno a que no se puede reconocer como legítimo el acto de posesión de Maduro el próximo jueves y que debería delegarse el poder en la Asamblea Nacional mientras se realizan unas elecciones transparentes y democráticas ¿Acaso resulta exagerado o ‘intervencionista’ que se pida a las naciones democráticas que evalúen un bloqueo diplomático, político, económico y armamentista a Caracas?
Es evidente que el régimen dictatorial de Maduro no tiene legitimidad alguna. Como también que más temprano que tarde tanto el mandatario como sus principales cómplices terminarán juzgados y condenados por la Corte Penal Internacional. Que ello no ocurra significaría el mayor fracaso y prueba de inutilidad de esa jurisdicción trasnacional.
Sin embargo, en el entretanto la comunidad internacional no puede seguir teniendo una actitud pasiva frente a la grave crisis venezolana. Tampoco considerar que con algunas sanciones y descalificaciones ya se hizo todo lo posible contra el régimen y no queda más que esperar a que la ‘bomba de tiempo’ en que está convertido ese país explote y genere un cambio por la fuerza de la realidad política imperante. El hecho de considerar que la “solución está en manos de los venezolanos” en modo alguno puede significar que se apueste por una cruento levantamiento popular contra la dictadura que produciría miles y miles de muertos. Desdice de la humanidad limitarse a esperar la implosión de un país.
La comunidad internacional tiene en la crisis venezolana uno de sus mayores desafíos y de cómo se actúe en este caso dependerá lo que pueda pasar en el futuro con otros gobiernos que se arriesguen a romper las clausulas democráticas y someter a su población a las peores penurias y violencias. Nadie está planteando una intervención militar ni mucho menos una invasión a Venezuela. Sólo la ONU, a través de su Consejo de Seguridad, podría proceder en ese sentido, desechando cualquier acción unilateral e inconsulta. Lo que se está pidiendo es que así como el Grupo de Lima se la está jugando por aislar a Maduro y compañía, tomando medidas tangibles y de fondo, también lo haga el resto de las naciones, de forma tal que Caracas no crea que los ejes de presión solo provienen de este puñado de 13 países, Estados Unidos y algunos otros gobiernos, sino que es todo el mundo el que está en su contra, no tolerará más su permanencia en el poder y exige que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean sometidos a la CPI. Mientras ello no ocurra, la dictadura se mantendrá.