Si bien es cierto que el derecho a la protesta tiene protección y garantía constitucional y legal en Colombia, en modo alguno se puede permitir que quienes lo ejercen lleguen al extremo de amenazar con afectar gravemente los derechos de quienes no participan en las manifestaciones.

Para hoy, desde horas de la madrugada, está programada una movilización de un sector de los taxistas en la capital del país. Según sus principales voceros lo que se busca es protestar por temas de vieja data como el funcionamiento de las plataformas electrónicas tipo Uber, la inseguridad, las multas y comparendos, así como la demora del Gobierno nacional para activar un mecanismo que abarate el precio de la gasolina para estos vehículos de servicio público.

Como todos los sectores poblacionales en nuestro país, los taxistas tienen derecho a manifestar su inconformismo. Pero deben hacerlo de manera pacífica y ordenada, contando incluso con la protección de la Fuerza Pública que, además, junto a las autoridades civiles, está en la obligación de generar planes de contingencia para que el resto de transporte público y privado, y la ciudadanía en general, no se vean afectados de forma grave por la protesta.

Hasta ahí todo normal. Sin embargo, los llamados de algunos de los organizadores del paro de hoy en torno a bloquear vías principales e incluso afectar de manera grave el funcionamiento del aeropuerto El Dorado, llegando al extremo de proponer que se cancelen los vuelos, no pueden considerarse un ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

Por el contrario, esa clase de convocatorias raya claramente en infracciones de tipo penal que las autoridades de Policía y la Fiscalía deben investigar y establecer si hay lugar a acciones de tipo jurídico contra quienes las impulsan.

Aunque durante este gobierno se han modificado los protocolos de la Fuerza Pública para actuar cuando las protestas se salen del ámbito pacífico y llegan al desborde violento, en modo alguno estas nuevas reglas operacionales pueden considerarse una patente de corso para saltarse los linderos legales e incurrir en amenazas o acciones de facto contra los derechos de las mayorías.

Aparte de lo anterior, debe llamarse la atención en torno a cómo la mayoría de los temas por los que están protestando hoy los taxistas corresponden a la esfera del Gobierno nacional, lo que significa que el distrital no tiene ningún tipo de injerencia o responsabilidad en la solución.