* La elección de Fiscal General
* Oídos sordos a la bullanguería
Está bien que la Corte Suprema de Justicia haga caso omiso de las presiones políticas sobre el nombramiento de Fiscal general de la Nación. No en vano es a esta corporación a la que corresponde ejercer aquella facultad dentro de la autonomía y plenos poderes que le otorga la Constitución, sin apremios ni condicionamientos exógenos. Verá la entidad, en su sabiduría y mecanismos internos legítimos, en quién recae el despacho, una vez aceptados los impedimentos de los magistrados en aras de una votación transparente y debidamente sopesada la terna puesta a su consideración.
Parecería una simpleza reiterarlo, pero las solemnidades de la función pública no están exentas de las liturgias necesarias para alcanzar los cometidos estatales. Por eso tampoco está mal que los magistrados hayan decidido, adicionalmente a las audiencias generales, volver a entrevistar a las ternadas y llenarse de razones con el fin de cumplir con su voto a consciencia, surtida la ilustración completa e indispensable. Esa conducta genera un mayor nivel de confianza en la opinión pública y permite avizorar que no están dispuestos a una decisión improvisada o mecánica.
De hecho, haber presentado la terna con una antelación inusitada, por parte de la Casa de Nariño, no es óbice para que la Corte Suprema no conserve un ritmo equilibrado y ajustado a sus demás atribuciones en tantas materias judiciales cruciales. Pero ante todo tampoco puede ser un indicativo de que el máximo tribunal no vaya a tomarse el tiempo que juzgue necesario y suficiente para llevar a cabo la encomienda constitucional de designar al encargado de la vocería y coordinación de la acción penal en el país. Ni más faltaba.
Frente a lo dicho, también es sabido que las primeras votaciones de hace unos días estuvieron a larga distancia de conseguir los umbrales de ley requeridos. Querría decir que aún falta tiempo o convencimiento para llegar al humo blanco sobre una persona en particular. Cosa que ya ha ocurrido otras veces, incluso durante un período bastante prolongado, sin deterioro alguno de la institucionalidad y manteniendo la operatividad del organismo acusatorio a plenitud. Inclusive se han dado sendas oportunidades en que se ha devuelto y cambiado la terna, aunque al momento no se ha sugerido nada en esa dirección.
De otra parte, el proceso actual tiene elementos adicionales cuando desde el Gobierno se ha dejado entrever una errática concepción, primero, en cuanto a la supuesta pertenencia de la Fiscalía a la rama Ejecutiva. Y segundo, frente a la equivocada idea de que el Fiscal es un subordinado del jefe de Estado y, por tanto, un receptor de sus órdenes. Ciertamente, ese no es el régimen jurídico imperante en Colombia. Por lo cual quizá no sobraría una manifestación pública de las mismas ternadas, dejando en claro su posición de independencia, o un llamado de la Corte en ese sentido.
De suyo, fue evidente intención de los constituyentes de 1991 adscribir la Fiscalía a la rama jurisdiccional. Y por eso interviene decisivamente la Corte en el nombramiento. Es posible que en países como Estados Unidos no sea así. Pero en Colombia, si fuera del caso cambiar la entidad de rama, tendría que hacerse por vía de un largo y dispendioso acto legislativo, además con pocas probabilidades de éxito cuando justamente se está en medio del proceso electivo. Menos aún con las investigaciones que actualmente adelanta la Fiscalía. Y que, entre otras, tienen que ver con la campaña presidencial del primer mandatario y las judicializaciones o principios de oportunidad pendientes.
El otro aspecto que seguramente están teniendo en cuenta los magistrados es el de la política criminal del Estado. Corresponde a la Fiscalía, entre sus funciones constitucionales especiales, participar de este diseño. En esa vía, las nuevas entrevistas con las ternadas también deben servir a los magistrados en cuanto a informarse de forma más detallada de sus proyectos generales como de su relación con los propósitos gubernamentales en materia criminal y la llamada “paz total”. Es decir, los alcances de la independencia y colaboración entre las ramas del poder público al respecto.
En tanto, resulta a todas luces un exabrupto el ambiente político creado, por fuera de la Corte, en torno de la elección de Fiscal. La pelea entre el presidente Gustavo Petro y el saliente titular del ente acusador, Francisco Barbosa, poco colabora en preservar la autonomía del máximo tribunal y las condiciones para que los magistrados puedan cumplir su labor institucional. Pero, desde luego, no son estos unos bisoños, sino que, por sus condiciones de juristas eminentes, dejarán de caer en trampas y bullanguerías externas. Mucho ruido afuera y mucha serenidad adentro. Esa es, a no dudarlo, la consigna entre quienes portan la heredad judicial de Colombia.