A todo funcionario público le corresponde dar las explicaciones que los entes de control y vigilancia pidan. Y eso es, precisamente, lo que han dicho que harán tanto el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, como el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, luego de que la semana pasada la Contraloría Distrital los llamara a juicio fiscal en el marco del proceso que se abrió por la posible pérdida $146.510 millones del erario capitalino debido a la presunta irregularidad en la implementación de los estudios y diseños de la primera línea de ese sistema de transporte masivo.

No se puede caer aquí en el juego de la politización y la quisquillosidad electoral. Todo lo contrario, es válido que la Contraloría quiera aclarar sus dudas sobre la inutilización o utilización parcial de dichos estudios y diseños que desde el 2015 cuentan con la aprobación del Confis, el aval del Banco Mundial y la actualización de la Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional de Colombia.

Y más aún es urgente despejar el interrogante en torno a la fecha límite que dio el Gobierno Nacional al Distrito para la suscripción del convenio en el que la Nación financiará el 70 por ciento del costo de la obra, cuyo vencimiento es el 11 de noviembre. Lo importante, como lo recalcó la Contraloría, es la iniciación de la obra con la mayor calidad y el menor costo posible.

Ya tanto Peñalosa como Escobar han dado las primeras explicaciones al respecto y suenan lógicas. Es claro que los diseños de un metro subterráneo son distintos a los de uno elevado. Eso es lo que debe soportarse ante el ente de control. El Alcalde recalca que con los estudios que la Administración recibió de su antecesora no era posible construir el Metro, pues estos tenían un costo que estaba muy por encima de las posibilidades de la Nación y de la Distrito para costearlo.

Como se dijo, lo importante es que todo se aclare en el marco del proceso fiscal y, sobre todo, que el proceso para la construcción del sistema no sufra tropiezo alguno.