* Crisis financiera de sistemas articulados
* Más allá de un problema coyuntural
Una de las más grandes repercusiones de la pandemia ha sido la afectación de los sistemas de transporte público masivo. No solo en Colombia sino en el resto del mundo. Cálculos recientes de la asociación europea que congrega a estas redes de movilización de pasajeros en las urbes da cuenta de que sus pérdidas superan los 50 mil millones de euros.
En nuestro país la situación para los llamados Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) tampoco es mejor. Los prolongados e intermitentes confinamientos, que se traducen en una merma notoria de la movilidad ciudadana en las principales capitales; las precauciones biosanitarias que obligan a limitar de forma sustancial los aforos y la capacidad de movilización de pasajeros; y, naturalmente, la aprehensión de las personas a utilizar las redes de buses articulados y alimentadores cuando percibe aglomeraciones peligrosas, que obviamente aumentan el riesgo de contagio del coronavirus, son factores que han dado al traste con las finanzas.
Es claro que uno de los retos de política pública más significativos en Colombia se refiere a encontrar una fórmula lúcida que permita rehabilitar la sostenibilidad del transporte masivo en nuestras grandes ciudades, en las cuales existen ocho de estos sistemas, comenzando por el Transmilenio y el Metro de Medellín, que acumulan cuantiosas pérdidas. Pero no son los únicos: en Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla y Cali se registran también déficits protuberantes durante este periodo de pandemia. El impacto es tan grave que hasta su misma viabilidad económica está hoy en jaque.
Las pérdidas son abrumadoras. Según los últimos estimativos, estas ascendían al cierre de 2020 a los 1,9 billones de pesos. Es de esperar que a medida que se prolonguen los confinamientos y los toques de queda en las ciudades, debido a la persistencia de la amenaza pandémica, dicho saldo en rojo seguirá creciendo indefectiblemente.
Ya el Gobierno ha venido gestionando soluciones temporales. Por ejemplo, los ministerios de Transporte y Hacienda están trabajando en reactivar una línea de crédito de Findeter exclusiva para que las entidades territoriales donde operan los SITM puedan acceder, de manera inmediata, a recursos que ayuden a aliviar los problemas financieros más urgentes acarreados por el déficit operacional.
Pero se requiere una solución más de fondo. En ese orden de ideas, si la ley ordena que la Nación debe participar en el montaje y financiación de los servicios de transporte público masivo en nuestras grandes municipalidades (según lo establece la Ley de Metros), es apenas lógico que el gobierno central también haga parte de la gigantesca tarea de rehabilitar financieramente a los sistemas gravemente golpeados por la pandemia. Así las cosas, habrá que ver qué ocurre con la disposición que trae el proyecto de ley sobre reforma tributaria (artículo 32), en donde se indica que el gobierno central cofinanciará hasta el 50% del déficit que acrediten tener aquellas ciudades donde funcionan los sistemas de transporte masivo.
La tarea de rehabilitarlos, incluso aquellos que ya venían presentando falencias financieras antes del inicio de la emergencia sanitaria, no se puede dejar solamente a cargo de las ciudades capitales, hoy agobiadas no solo por un sinnúmero de gastos para atender la pandemia sino por el desplome de sus ingresos tributarios. Desde luego habrá que tener todo tipo de precauciones para no terminar premiando la mala administración de algunos sistemas.
A valores de hoy la oferta del gobierno central contenida en el artículo citado debe estar significando no menos de un billón de pesos. Una cifra considerable pero indispensable. Hay que evitar el colapso de estos sistemas de transporte masivo en nuestras grandes ciudades. Tal es una de las responsabilidades hacia la pospandemia.