Si algo está claro es que Colombia requiere una reforma a la estructura de su sistema político, sobre todo en lo relacionado con la transparencia democrática, mecanismos más ágiles y efectivos de participación ciudadana, una arquitectura de la institucionalidad electoral con mejor dinamismo, así como una regulación funcional a los estatutos de los partidos y los movimientos significativos, entre otros aspectos.

Aunque en la Corte Constitucional se encuentra en revisión la reforma al Código Electoral, es evidente que esta normativa modifica elementos de orden reglamentario, pero no de la estructura política como tal.

A partir de la posesión esta semana del nuevo Registrador Nacional y la disminución del pico de trabajo en el Consejo Nacional Electoral, una vez pasados los comicios regionales y locales y terminados los escrutinios y demás definiciones derivadas, es claro que la organización electoral, en conjunto con el Consejo de Estado, podría proyectar al Congreso, el Gobierno, la academia y los partidos un diagnóstico profundo y detallado de los aspectos que debería contener un proyecto de reforma política estructural.

Como lo hemos indicado en estas páginas, hay aspectos que requieren un ajuste a fondo. Por ejemplo, la explosión de partidos con personerías jurídicas y de los candidatos por firmas (avalados por los llamados movimientos significativos de ciudadanos) necesita un marco normativo más estricto.

De igual manera, el país está en mora de darle un debate a fondo a la circunscripción nacional para el Senado, ya que, si bien esta permite la proyección de liderazgos de orden nacional y eleva el estatus de representación política, no se puede desconocer que hay muchas regiones que se quedan sin voz en la cámara alta. A ello debe sumarse que la mayor zona gris sobre la financiación de campañas y riesgo de politiquería y corrupción se da en esta elección.

Igualmente, ya es hora de que se tome una decisión de fondo sobre la estructura de la rama electoral, la conformación del Consejo Nacional respectivo o si se mantienen funciones de esta índole en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

Tanto en 2024 como en 2025 no hay citas electorales generales, lo que permite que el Parlamento se pueda concentrar en sacar avante una reforma política estructural. No es un tema fácil, claro está, pero con la voluntad de partidos, Ejecutivo y distintos sectores puede concretarse este objetivo en estos dos años y que los cambios se puedan aplicar a los comicios de 2026.