* El presidente Santos tiene la palabra
** Garantías en el Ministerio Público
Muy posiblemente sea el propio presidente de la República Juan Manuel Santos quien terne al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, para su reelección. Es evidente que con ello reconocería una labor meritoria que ha llevado a la Procuraduría al sitial que le corresponde en una sociedad con tantos problemas como la colombiana. No tendría, precisamente, el Primer Mandatario porqué no proceder en tal sentido si, por el contrario, Ordóñez ha sido un servidor público diligente en los llamados presidenciales y en su lucha contra la corrupción. Que por lo demás debe seguir enfatizándose.
No sobraría pensar, sin embargo, que tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado podrían por igual pensar en la figura de Ordóñez como su candidato en la terna. Así es, precisamente, porque como colega exmagistrado que ha sido ha puesto en alto la Judicatura y se demuestra también cómo es bueno llevar a estos cargos personas que no sólo los enaltecen, sino se destacan por su rigor y profesionalismo. No hay duda de que un Procurador exmagistrado es prenda de garantía para las actividades que debe realizar el Ministerio Público.
La Unidad Nacional no puede, por su parte, ser un simple mecanismo de gobernabilidad, sino que por igual responde a un proyecto político de más largo alcance a la simple elección de funcionarios. En el caso de Ordóñez, como se reitera, se ha podido progresar en torno de la reinstitucionalización del país luego del desvertebramiento que se dio en años recientes. Las instituciones, ciertamente, son el bien más preciado de una nación. Por medio de ellas es que se pueden canalizar las naturales discrepancias que se dan dentro de la sociedad y como se pueden poner a tono con una manera de ser en procura del bien común y las garantías de todos los que vivan dentro del orden y de la ley.
En primer lugar, desde luego, el Procurador General de la Nación es la persona llamada a recuperar la confianza en el aparato estatal colombiano y los funcionarios que lo componen. Las sanciones disciplinarias de Ordóñez, no importando partido o cauda, le han elevado el tono moral a la Administración Pública y han puesto límite a la corrupción reinante en otros tiempos. De hecho, sus fallos ejemplares han servido para que los corruptos lo piensen dos veces antes de actuar y no le ha temblado la mano para llegar a las más altas instancias del Estado en ese propósito laudable. De allí, justamente, que el actual Procurador tenga un recibo favorable en los sondeos y la opinión pública. Larga es la lista dentro del debido proceso que ha garantizado con toda rigurosidad, de quienes esquilmaron o torcieron las funciones estatales y que han merecido sentencias acordes con sus despropósitos. Ministros, alcaldes, gobernadores y otros personajes de alto nivel no se han salvado de su férula, no obstante siempre con las garantías constitucionales correspondientes.
Ejercer la Procuraduría con toda idoneidad legal desde luego levanta ampollas y así ha ocurrido con ciertos fallos o intervenciones en torno de leyes o normativas. Sin embargo, la sociedad se ha acostumbrado a un Procurador de carácter en un país que estaba desacostumbrado a ello y que veía en el Ministerio Público tan sólo un reducto para la politiquería y, lo que es peor, un lugar donde se transaban los fallos. Por fortuna, esos períodos han quedado atrás. Y si bien el procurador Ordóñez ha adelantado una Procuraduría, además opinante, nunca se ha salido de los cauces propios que le señalan la Constitución y las leyes.
No hay duda de que aún falta mucho por hacer en el propósito de limpiar la política y ajustar las tuercas de la Administración Pública. Escándalos como los de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el desfalco a la salud y otros están pendientes de resolución. Esa limpieza, en su momento, fue lo que el presidente Juan Manuel Santos prometió en su discurso de posesión y en lo que ha venido actuando a través de estatutos como la Ley Anticorrupción o el de convocatorias a los organismos de control para actuar conjuntamente en procura del mejoramiento institucional y la calidad de los empleados públicos. Por ello resulta lógico que sea el mismo Primer Mandatario quien terne al procurador Alejandro Ordóñez en sus propósitos de reelección. De seguro, el país lo acompañará en ello y fácilmente podrá surtirse el trámite formal para continuar con la depuración y el objetivo de darle dignidad al servicio público, como ocurre en otras partes del mundo, donde ser funcionario es la máxima expresión de la acción estatal y la solidaridad social.