* El insólito caso del ‘Erpac’
* Un Estado fuera de lugar
Lo que mal comienza difícilmente puede terminar bien. Esa premisa cae como anillo al dedo para explicar toda la polémica que se terminó formando alrededor de la accidentada entrega del remanente del llamado “Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia”, (Erpac), que por más rimbombante que suene no es más que, según las autoridades, una banda criminal emergente al servicio del narcotráfico (‘bacrim’), antes comandada por el abatido jefe paramilitar conocido con el alias de Cuchillo, responsable de muchas masacres, asesinatos selectivos y otros graves delitos en los Llanos Orientales y el centro del país.
Hasta hace un par de semanas prácticamente nadie en el país sabía de la intención de entregarse a la justicia del ‘Erpac’ y sus cabecillas. Incluso sorprendió a sectores del Congreso que llevan varios meses discutiendo un proyecto de nuevo Marco Legal y Constitucional para la Paz, bajo el entendido de que la legislación actual no tiene herramientas para tramitar la entrega masiva de militantes de las ‘bacrim’ y otros de grupos de autodefensa no desmovilizados o reincidentes.
Fue más que evidente la descoordinación entre distintas entidades el fin de semana en Villavicencio en el marco del operativo para la presentación ante la Justicia de los integrantes del grupo armado ilegal y del poderoso arsenal que finalmente entregaron en una caleta en zona montañosa. Es más, inicialmente se creía que serían más de 450 desarmados, pero al final sólo lo hicieron 269. ¿Dónde está el resto? ¿Por qué no se presentaron? ¿Habrá colaboración de los que sí lo hicieron para poder localizar y capturar al resto?
Pero aún más preocupante terminó siendo el rifirrafe en torno al estatus jurídico de quienes se presentaron ante la Justicia, puesto que de los 269 militantes, 248 quedaron en libertad en cuestión de horas y sólo 21 fueron encarcelados por tener orden de captura vigente o ya estar condenados. La Fiscalía explicó que pese a admitir la pertenencia a una facción ilegal, al no haber sido capturados en flagrancia ni presentarse con armamento, era imposible dictarles orden de captura por delitos como concierto para delinquir, porte ilegal de armas o pertenencia a un grupo armado ilegal. El Inpec, según trascendió en círculos periodísticos, advirtió que sólo podría recibir a quienes fueran remitidos con orden de captura en firme. El Gobierno, a su turno, precisó que aquí no hubo ningún tipo de negociación ni sometimiento a la Justicia, ni mucho menos era viable aplicarles a los integrantes del Erpac normas como la Ley de Justicia y Paz o la 1424 de 2010 para desmovilizados paramilitares. Puntualizó, en cambio, que lo pertinente era aplicar el Código Penal y de Procedimiento Penal. Sin embargo, desde la misma Fiscalía se recalcó que esas normas estaban hechas para entregas individuales ante la Justicia y no para casos masivos… Y a todo ello debe sumarse el temor expresado por distintos sectores de Villavicencio y el Meta por el hecho de que 248 personas que admitieron ante las autoridades judiciales pertenecer a una banda criminal culpable de muchos y graves delitos, hubieran sido puestas en libertad. ¿No se sopesó acaso el riesgo de seguridad que esto implica para la comunidad?
Es más que evidente que en todo este accidentado proceso del Erpac la improvisación estuvo a la orden del día. La controversia entre autoridades gubernamentales y judiciales sobre si hubo o no acompañamiento y coordinación, terminó siendo tan desinstitucionalizadora como insólita. Y lo más grave fue que quedó patente que, pese a que las ‘bacrim’ son hoy por hoy una de las mayores amenazas a la seguridad ciudadana, el Estado en su conjunto no tiene claro cómo tramitar su sometimiento a la Justicia, qué delitos base imputarles a sus militantes, cómo proceder en materia de capturas y encarcelamiento y cuáles los mecanismos para evitar que sus acciones criminales queden en la impunidad y en el aire los derechos de sus víctimas a la verdad, justicia y reparación.