*La advertencia de la Fiscalía
*Flanco externo, la amenaza 

Uno de los delitos de más alto impacto en el país es el robo de los teléfonos celulares. A diario muchos colombianos son víctimas de esta clase de hurtos y lamentablemente en algunas ocasiones los criminales no dudan en herir gravemente o incluso quitarle la vida a una persona con tal de hacerse a estos aparatos de comunicación móvil que se han vuelto indispensables para todos. 

Las estadísticas de la Fiscalía, según el último Censo Delictivo, evidencian que el hurto de celulares es la acción criminal que más crece. Aumentó un 79 por ciento en lo corrido del año, con relación al periodo comprendido entre enero y julio de 2016.

Desde que este fenómeno criminal empezó a crecer años atrás, se han tomado múltiples medidas para tratar de frenarlo. Medidas de tipo penal, de operatividad de las autoridades, de filtro tecnológico y de cooperación internacional. Sin embargo, prendió las alertas lo advertido días atrás por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien recalcó que, para el caso de Colombia, hay medidas que no están funcionando.

“Decirlo categóricamente, el bloqueo de los IMEI no está funcionando desde la perspectiva de la Fiscalía General de la Nación. Así se lo hemos hecho saber al ministro de las Comunicaciones de Colombia y por ello tenemos líneas de investigación muy grandes para identificar la responsabilidad de los operadores de telefonía celular”, resaltó Martínez en el marco de la presentación de la “Operación Alianza”, en la que fueron impactadas organizaciones dedicadas al hurto de celulares en seis países del continente.

El IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) es un código de identificación de cada teléfono celular a nivel mundial, que es detectado cada vez que el aparato se conecta a la respectiva red. 

No menos grave resulta otra de las advertencias del Fiscal, en torno a que “las líneas de investigación indican que hay clara corrupción al interior de los operadores de telefonía, y no podemos ser complacientes con esa conducta. La Fiscalía va a judicializar a esos operadores corruptos”.

Afortunadamente las empresas operadoras siempre han sido pieza clave en todas las estrategias de las autoridades para atacar el hurto de celulares y su colaboración activa ha permitido combatir muchas modalidades que utilizan las bandas delincuenciales para tratar de activar los aparatos hurtados.

Más importante aún es enfrentar este delito desde el flanco transnacional, ya que es claro que hay estructuras criminales que se dedican a sacar los celulares robados de Colombia para venderlos en otros países del continente, moviendo millonarias sumas. La propia Fiscalía en sus investigaciones ha encontrado que un teléfono que se hurta en Bogotá puede tener un valor en receptación internacional de 200 dólares, e incluso en esa cadena de tráfico, al llegar al sur del continente, a naciones como Argentina, el precio ya asciende a 1.800 dólares.

La advertencia de la Fiscalía sobre los IMEI se produce semanas después del último informe del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones según el cual un total de 49,6 millones de celulares fueron registrados en Colombia, en el marco de la Estrategia Nacional Contra el Hurto de Celulares, de la que también hace parte la Comisión de Regulación de Comunicaciones. De acuerdo con la cartera ministerial, las medidas aplicadas han permitido el bloqueo de cerca de 6,25 millones de equipos entre agosto del 2015 y mayo del 2017, adicionales a los 3,46 millones que han sido bloqueados por hurto o extravío, para un total de cerca de 9,71 millones de equipos inutilizados.

Según el Mintic, desde el inicio de la estrategia en el 2012 se implementaron bases de datos para reportar los celulares hurtados. Sin embargo, en el 2015 se identificó un nuevo modus operandi de las redes criminales, enfocándose en el acopio, alteración y comercialización de equipos robados para evadir los controles. Es allí en donde también se reforzó la operatividad de las autoridades con la implementación de medidas tecnológicas de punta. Precisamente por ello, las empresas operadoras de servicios móviles hicieron millonarias inversiones para llevar a cabo la detección y bloqueo de los equipos de los cuales no es posible verificar su procedencia legal, sobre todo en cinco categorías de IMEI: no registrado, sin formato, inválido, no homologado y duplicado.

Todo ello viene dando resultados, pero es claro que lo advertido por el Fiscal General debe llamar a analizar más medidas para atacar este delito. Las mafias se adaptan rápidamente a los controles y no se puede bajar la guardia ni un minuto.