* Son más que “disidencias” o “grupo residual”
* A punta de narco, riesgo creciente en seguridad

La situación de orden público y seguridad en el país se está deteriorando. Esa es una realidad innegable, como también lo es que así como se han registrado importantes disminuciones en algunos delitos de alto impacto, como en el de homicidios, en otros hay repuntes muy preocupantes.  Igualmente resulta evidente que el rebrote de la violencia no se está dando tanto en las zonas urbanas, sino en las semiurbanas y rurales, en donde los grupos armados ilegales están compitiendo a sangre y fuego por el dominio de los corredores del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otros escenarios de crimen local y regional.

Aunque la Fuerza Pública ha asestado golpes importantes a las estructuras del Eln, las llamadas “disidencias” de las Farc, algunos carteles del tráfico de drogas así como a las bandas criminales de alto espectro como “El Cartel del Golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparrapos’, es claro que estas facciones se encuentran en un peligroso proceso de expansión, aprovechando para ello las históricas debilidades del Estado para ejercer presencia superlativa, de autoridad e institucional en muchos territorios, sobre todo aquellos en donde operaba la parte de la guerrilla de las Farc que sí se desarmó y desmovilizó. Lamentablemente cada vez queda más en evidencia que el acuerdo de paz suscrito por el anterior gobierno fracasó en su premisa principal de la “terminación definitiva del conflicto armado”.

En nuestra edición dominical un excomandante del Ejército así como tres expertos que están al frente de centros de estudios sobre la evolución de los fenómenos de violencia y desorden público, coincidieron en que el pico de violencia de los últimos meses tiene como factor común denominador la pelea por el manejo de las economías ilícitas a nivel regional y local, especialmente las relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Un fenómeno que está directamente relacionado con hechos que han impactado al país recientemente como la racha de asesinatos de líderes sociales, las masacres sucesivas, nuevos casos de desplazamiento y confinamiento forzados de población, reclutamiento ilegal de menores de edad, así como la transmutación de bandas de delincuencia común en eslabones de mayor envergadura y estructura criminal.

Dentro de ese peligroso fortalecimiento de los factores generadores de violencia, una de las situaciones que más preocupa es la relacionada con la fracción de las Farc que nunca se desarmó o que, incluso habiéndose desmovilizado, optó por volver a las armas. Aunque dentro del diferencial semántico se les ha dado distintos nombres, que van desde “disidencias” hasta “Grupos Armados Organizados” (GAO), lo cierto es que a la luz de las propias estimaciones oficiales sobre su tamaño y evolución desde finales de 2016, cuando se suscribió el acuerdo de paz, resulta evidente que el país ya no se encuentra ante un fenómeno residual. Los cálculos de las Fuerzas Militares señalan que las facciones nunca desarmadas o reincidentes de esa guerrilla tienen hoy no menos de 4.600 efectivos, de los cuales más de 2.600 serían hombres-arma y el resto haría parte de los grupos de apoyo logístico y personal no uniformado de infiltración, recolección de información y testaferrato. Su área de operación sería no menos de 2.500 zonas veredales de entre 120 y 130 municipios de una veintena de departamentos, sobre todo del sur, occidente y oriente del país. Otros centros de estudios señalan que la cifra podría ser mayor, ya que la sola fracción que comanda alias ‘Gentil Duarte’, veterano cabecilla de las Farc que se apartó del proceso de paz antes de acabar las tratativas, podría estar manejando alrededor de 3.000 efectivos, la mayoría de ellos combatientes. A estos se sumaría la fuerza creciente que sigue las instrucciones de alias ‘Iván Márquez’, ‘Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, todos ellos desmovilizados pero que reincidieron en la subversión. Esta fracción, que trata de ‘refundar’ la antigua guerrilla bajo el nombre de ‘Nueva Marquetalia’, no se sabe cuántos hombres-arma tiene, pero es claro que crece exponencialmente en varias regiones del sur del país, incluso enfrentada a células y frentes que siguen a ‘Duarte’. A ellos habría que sumar los grupúsculos de exguerrilleros que conformaron bandas de delincuencia común y que ahora quieren ser ‘reclutadas’ por alguno de los dos bandos…

Visto todo lo anterior, es obvio que hablar de “disidencias” como tal o de grupos residuales de las Farc, termina siendo contraevidente. El Estado en su conjunto debería preguntarse seria y objetivamente si estamos al frente de una especie de “Neo-Farc”, que si bien dividida y sin la estructura, área de operación y mando único de la otrora guerrilla que sembró dolor y muerte por varias décadas en el país, ya está convertida hoy en uno de los más importantes -¿el principal?- problema de orden público. Un desafío al Estado que debe ser enfrentado con una estrategia castrense y policial más audaz, especializada y contundente que la actual.

Bien lo dicen los estrategas militares, lo primero para definir el plan de acción contra un enemigo es entender su tamaño, modus operandi, objetivos y nivel real de amenaza. Con las “Neo-Farc”, vistas en esa dimensión, esa premisa debe aterrizarse ya.